La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) presentó una acción de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en contra de la reforma aprobada por el Congreso del Estado de Jalisco que topa las pensiones “de lujo” a funcionarios y ex funcionarios que cotizaron el Instituto de Pensiones del Estado (IPEJAL).
Con dichas reformas, 106 mil pesos se volvió el monto total máximo mensual que puede recibir un funcionario de Jalisco tras su jubilación. Cuando se aprobó por los diputados, la medida era retroactiva, y por lo tanto, también afectaba las pensiones de 70 personajes de la política que al mes se llevaban entre 106 mil y 230 mil pesos.
De hecho es el elemento de retroactividad de la reforma, la que está impugnando la CNDH, pues según la acción de inconstitucionalidad, 150/2021, se viola el artículo 14 de la Constitución Mexicana, y además se violenta el derecho a la seguridad social y el principio de previsión social.
“Se desprende que las normas controvertidas tienen efectos retroactivos, en detrimento de las personas pensionadas, pues implican una reducción monetaria a la pensión que fue determinada por el Instituto de Pensiones jalisciense o en su momento, por la Dirección de Pensiones, con antelación a la entrada en vigor de los preceptos impugnados. En ese sentido, las disposiciones normativas en combate desconocen los derechos adquiridos de los pensionados al amparo de los regímenes anteriores a la vigencia del decreto cuestionado”, cita el documento emitido por la CNDH y firmado por la presidenta de este organismo, María del Rosario Piedra Ibarra.
En término concretos, afirman que la reforma planteada borra de facto los derechos ganados por los pensionados, pero además afecta su patrimonio. La Constitución es clara: no puede haber retroactividad en la ley.
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La polémica de las Pensiones Doradas.
El IPEJALes el sistema de seguridad social de los trabajadores al servicio del gobierno del Estado y los municipios y administra los fondos de retiro y seguro social. Actualmente tiene 122 mil afiliados.
En los últimos años, malos manejos con los recursos derivaron en que el IPEJAL viva una crisis financiera que según estudios actuariales, comprometen su funcionamiento y no le permitirían llegar al año 2050.
El IPEJAL tiene en sus registros a 37 mil jubilados que reciben una pensión, que en promedio oscila los 17 mil pesos al mes. No obstante, hay 70 funcionarios y ex funcionarios que terminaron su periodo de cotización y ahora reciben montos que van de los 106 mil a los 208 mil pesos al mes.
Entre los beneficiarios se encuentran ex magistrados del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, el ex gobernador Francisco Ramírez Acuña, ex diputados estatales y federales, entre varios personajes del círculo rojo de Jalisco.
El IPEJAL reconoce que muchas de estas pensiones fueron obtenidas por los funcionarios en medio de condiciones anómalas.
Debido a la merma que estas “pensiones doradas” generan al instituto, se generó la reforma para toparlas.
Responde el IPEJAL
El director del IPEJAL, Héctor Pizano, señaló que al igual a como están al pendiente de los personajes que con amparos tratan de defender sus “pensiones doradas”, también estarán vigilantes del trámite que le de la SCJN a esta acción de inconstitucionalidad.
Mencionó el funcionario que cuando se presentó la reforma y se buscó fuera retroactiva, se buscó defender el fondo común que es el sistema de pensiones del Estado:
“Se establece con claridad que lo que se busca proteger es el fondo solidario, que lo que se busca proteger es precisamente la existencia de las pensiones, lo que se busca es preservar ese derecho a las pensiones”, expresó Pizano, al afirmar que quienes reciben las pensiones de más de 106 mil pesos, deben estar conscientes que eventualmente el Instituto ya no tendrá más recursos para solventarlas.
“Entonces habría que ver si entonces hay un pronunciamiento de una autoridad federal que diga, bueno sostuvimos las pensiones doradas, les dejamos el legítimo derecho, pero ahora de donde los van a pagar ¿lo va a pagar la Corte?, ¿lo va a pagar el juzgado de Distrito? ¿no se si me explique? Para nosotros es muy importante que se haga un estudio de fondo, de derechos de tercera generación, que se entienda que esta es una circunstancia de hecho, algo que está pasando en el país, ya están quebrados varios sistemas de pensiones, casi 26 en el país y bueno esta situación queremos evitarla en Jalisco”, concluyó Pizano.
