El polémico arrendamiento de patrullas del ayuntamiento de Guadalajara, que tiene un costo de 792 millones de pesos, sigue generando conflicto, pues regidores de Morena en el ayuntamiento evidenciaron que aunque el contrato establecía que la empresa ganadora debía entregar cierto número de patrullas, no ha cumplido con estos acuerdos.
La regidora Mariana Fernández Ramírez denunció que la empresa Integradora de Apoyo Municipal, S.A de C.V. no ha entregado 170 patrullas que estaban comprometidas en enero y febrero de este año, por lo que solicitó que se sancione a partir de las clausulas que establece el mismo contrato.
“El atraso no es solamente un tema lo que el Ayuntamiento está perdiendo en el contrato, sino lo que están perdiendo las y los tapatíos de no tener 170 patrullas circulando en las calles de Guadalajara”, refirió la regidora.
De acuerdo al contrato de arrendamiento, en enero la empresa debió haber entregado 25 motocicletas y 70 camionetas; en febrero, 100 camionetas; y a finales de marzo deberá terminar la entrega con 120 camionetas, otras 10 blindadas, tres tipo 4x4, 75 motocicletas, 20 autos eléctricos, 300 bicicletas, 40 vehículos eléctricos de dos ruedas, 340 pares de tenis e igual número de cascos. El gasto total de este arrendamiento es de 792 millones de pesos en un contrato multianual hasta 2024.
Responde el municipio
Tras esta denuncia, el ayuntamiento de Guadalajara tuvo que reconocer que en efecto hubo un incumplimiento de la empresa y que ya se inició el procedimiento para sancionar por las faltas a las plazas de contrato.
El municipio no señala cual sería el monto de la sanción, pero advierten que el 31 de marzo es el plazo máximo para la entrega de la totalidad de los vehículos arrendados.
Procedimiento polémico desde el inicio
Cuando se lanzó el concurso para el arrendamiento de patrullas, la empresa Solar Autorentas se inconformó con el proceso al señalar que la licitación estaba dirigida para que la ganara una empresa. Entre las anomalías que se denunciaron fue que se recortó el tiempo de presentación de propuestas, fue la Tesorería y no la Comisaría la que hace el requerimiento del arrendamiento y afirman que la propuesta ganadora excede hasta por 300 millones la de otros competidores que terminaron descalificados por falta de solvencia o no cumplir especificaciones técnicas.
La empresa recurrió a la Cuarta Sala del Tribunal de Justicia Administrativa, cuyo titular, el magistrado Armando García Estrada, emitió una suspensión del proceso que se notificó al ayuntamiento el pasado 16 de diciembre.
El Comité de Adquisiciones de Guadalajara de todas maneras llevó a cabo la sesión donde emitió el fallo para el arrendamiento de las unidades, el 21 de diciembre de 2021, donde la ganadora fue la empresa Integradora de Apoyo Municipal SA de CV. El arrendamiento será un contrato de 30 meses del 1 de enero de 2022 hasta el 30 de junio de 2024.
El Ayuntamiento de Guadalajara defendió la legalidad en el fallo para arrendar 290 patrullas para el municipio, al afirmar que la Sala Superior del Tribunal de Justicia Administrativa revocó dos días después (18 de diciembre) la suspensión otorgada por la Cuarta Sala para que la adjudicación se pudiera llevar a cabo. La Sala Superior consideró que por tratarse de un tema de seguridad pública, la sesión del Comité de Adquisiciones podía efectuarse .Del mismo modo se presentó una denuncia en contra del magistrado Armando García Estrada de la Cuarta sala, porque se habría actuado de manera irregular, ya que la suspensión se otorgó fuera de términos, pues el tribunal se encontraba de vacaciones cuando se presentó el recurso.
Fue hasta el mes de enero que al tema se sumaron los regidores de Morena, quienes denunciaron irregularidades en el proceso al señalar que los costos del arrendamiento eran muy elevados y que el proceso de adjudicación a tres años tuvo anomalías.
Esto desató una guerra de declaraciones entre el coordinador de los regidores de Morena, Carlos Lomelí Bolaños y el presidente municipal Pablo Lemus, donde incluso hubo señalamientos de extorsión y otras acusaciones.
En febrero el juzgado Decimonoveno de Distrito en Materia Administrativa, Civil y de Trabajo se determinó que no hubo desacato de la medida cautelar concedida por la Cuarta Sala Unitaria del Tribunal de Justicia Administrativa para que se suspendiera la convocatoria y la adjudicación.
El municipio señaló que en su demanda de amparo, Solar Autorentas nunca informó al juez federal que la Sala Superior del Tribunal de Justicia Administrativa (ente superior a la sala unitaria) ya había intervenido en el asunto, y que esta omisión de información también podría considerarse un delito.
