Por medio de un amparo tramitado ante un juzgado federal, el magistrado de la Cuarta Sala Unitaria del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Jalisco (TJA), Armando García Estrada, busca evadir la orden de arresto administrativo que se emitió en su contra.
La orden se lanzó porque el funcionario desacató resoluciones en materia de transparencia y no publicaba las sentencias que emitía, a pesar que la ley lo obliga. El Instituto de Transparencia e Información Pública (ITEI) solicitó la aprehensión por 12 horas, además de la presentación de una denuncia penal.
En julio, el Instituto ya había multado con tres mil 848 pesos a García Estrada, por no atender requerimientos y no divulgar información pública. En esa ocasión, se le otorgó un plazo de cinco días hábiles para que publicara las sentencias, pero tampoco lo hizo.
A través de un medio público, el magistrado argumentó que la orden de arresto era un asunto de golpeteo político, que era ilegal ordenar su aprehensión, ya que por su cargo público cuenta con fuero y además afirmó que en todo caso la responsabilidad de las publicaciones de las sentencias recaía en el titular de la Unidad de Transparencia del TJA y no en él, que sólo es magistrado.
El mismo García Estrada hizo señalamientos contra el presidente municipal de Guadalajara, Pablo Lemus, al afirmar que habían mandado 20 patrullas afuera de su casa para detenerlo y que era parte de la confrontación mediática que hay entre ambos personajes.
Lemus señala que no se ha ejecutado el arresto
El alcalde de Guadalajara confirmó que el titular de la Cuarta Sala tramitó un amparo para evitar ser detenido. Mencionó que el funcionario se encontraría resguardado en su domicilio de Jardines del Valle en espera de que un juzgado de distrito le libere una suspensión a la orden de arresto.
Lemus afirmó que el ayuntamiento de Guadalajara fue notificado de la resolución del Instituto de Transparencia y ellos sólo están acatando, pero el municipio nada tiene que ver con el asunto más allá de lo que les pidieron. Afirmó que el argumento del fuero no es válido en este contexto:
“No le aplica el fuero porque es una sanción administrativa, como si fuera el Torito o como si fuera a hacer del baño en la calle o tomar bebidas alcohólicas en la calle, es una falta administrativa donde el fuero no aplica”, dijo Lemus.
Se informó que de momento el ayuntamiento no ha sido notificado que le hayan otorgado la suspensión.
Magistrado polémico
El magistrado ha sido blanco de varios señalamientos por sus resoluciones. Actores políticos han acusado que dichas determinaciones no fueron apegadas a la justicia, sido sólo para atender beneficios particulares y en algunos casos, se contraponen a otras resoluciones judiciales.
Entre las sentencias hay varias para permitir construcciones en zonas no permitidas.
Desde hace un año, Lemus mantiene una lucha de declaraciones con este magistrado que escalaron a partir del tema de un arrendamiento de patrullas por 792 millones de pesos; a decir del magistrado, fue un proceso amañado por el ayuntamiento.
