A un año del acuerdo entre el Gobierno Federal los pobladores de Temacapulín, Acasico y Palmarejo, para reactivar las obras de la presa El Zapotillo, los habitantes acusan incumplimientos en varios puntos del pacto, entre ellos el tema de la reparación del daño y los apoyos a las comunidades.
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La presa El Zapotillo será el proyecto hídrico que dote de agua a la Zona Metropolitana de Guadalajara y que estuvo suspendido varios años debido a recursos judiciales, ya que la construcción de la presa provocaría la inundación de los tres poblados: Temacapulín, Acasico y Palmarejo.
Son dos aristas en torno a los acuerdos: la parte técnica para evitar la inundación de las comunidades y la otra vinculada a la reparación del daño por los años de lucha.
Promesa que no se inundará
Sobre la parte técnica señalaron: “Las comunidades contamos ya con el proyecto ejecutivo y hemos constatado que se han iniciado los trabajos en la cortina de la presa para construir el vertedor físico, medida de seguridad técnica fundamental para evitar la inundación y garantizar el desfogue del agua a la altura de la cortina de 40 metros, propuesta prioritaria que fue solicitada por las comunidades”, expresó Gabriel Espinoza, vocero de la agrupación Salvemos Temacapulín, Acasico y Palmarejo.
Sin embargo, a pesar de haber atestiguado estas obras, señalan que sólo cuentan con un documento, firmado por el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, como testigo, que promete que no se inundarán las poblaciones, pero no tienen nada que les garantice que en el futuro, las próximas administraciones puedan revertir esta decisión tras la puesta en operación de la presa.
Los pendientes en materia social
Los habitantes de las tres comunidades señalan que a un año de los acuerdos, lo pactado en reparación del daño no se ha cumplido, pues afirman varias secretaría federales se volvieron invisibles y han simulado los apoyos, mientras que otras ni siquiera se han presentado de nuevo.
Acusan que los apoyos que les quiere otorgar ya son cubiertos por otros programas gubernamentales.
“Omiten la urgencia y necesidad de generar políticas, programas y reglas de operación culturalmente apropiadas y acorde a nuestras necesidades para lograr el cumplimiento total del resarcimiento de los daños”, expresó Abigail Agredano, otra de las voceras del movimiento.
Entre los aspectos que dicen se han incumplido, es generar las políticas para que los habitantes de Palmarejo que fueron desplazadas puedan retornar a su comunidad.
Señalan que donde sí hay avance es en el saneamiento de aguas en el río Verde y reparación de algunas carreteras. También reconocen algunos programas implementados por parte de la secretaría de Bienestar y la de Agricultura.
Demandaron que el Gobierno de Jalisco retorne las propiedades que adquirió cuando pretendía desalojar a las comunidades y recordaron, que la administración estatal se había comprometido a entregarlas para realizar las obras comunitarias.
