El proceso de entrega-recepción en la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDHJ) reveló graves irregularidades en la operación de esta institución, anomalías que van desde la defraudación fiscal hasta desvío de recursos, pasando por abuso de autoridad y nombramientos irregulares.
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Se comenzó con la presentación de denuncias por estas anomalías. Estas indagatorias surgieron del proceso administrativo, cuando dejó el cargo Alfonso Hernández Barrón y ocupó el cargo Luz del Carmen Godínez en agosto pasado.
Las primeras anomalías encontradas tienen que ver con el deficiente estado de muchas de las instalaciones, a pesar que existían presupuestos destinados para su mantenimiento. Pero esto era sólo la punta del iceberg.
Defraudación fiscal
Una de las principales inconsistencias encontradas en el proceso de entrega-recepción, fue lo relacionado con la situación fiscal de la Comisión pues incluso se evadió el pago de impuestos federales.
Se detectó por ejemplo que en los años 2018, 2019, 2020 y 2021, la CEDHJ no emitió los comprobantes fiscales (CFDI) y no se retuvo el Impuesto Sobre la Renta que correspondía al pago de aguinaldos de los trabajadores.
El director de Asuntos Jurídicos de la Comisión, Francisco Ulloa, agregó que el dinero que no se pagó al Sistema de Administración Tributaría (SAT), más de 20 millones de pesos, habrían servido para crear una bolsa donde pagaban a trabajadores por salarios asimilados, personajes que resultaban amigos de otros funcionarios dentro de la CEDHJ.
“Tenemos 20 millones de pesos, esto es lo que se defraudó de la administración anterior. Y si quieren saber qué pasó con ese dinero, porque eso es lo más importante, ese dinero que no se pagó al fisco hicieron una transferencia de partidas a una que se llama asimilados a salarios y se supone -y eso el ministerio público nos lo tendrá que decir- que contrataron a sus cuates, ahí acabó el dinero”, expresó el funcionario.
Este dinero sirvió para la contratación de cuando menos 80 trabajadores, quienes en este esquema de asimilados a salarios, cobraban por temporadas dentro de la Comisión. Sumando otras partidas, a estos trabajadores de la nómina secreta se les destinaban hasta 14 millones de pesos cada año.
Por esta situación ya se presentó una denuncia ante la Fiscalía General de la República, dirigida al exombudsman, Alfonso Hernández Barrón, porque él era el apoderado legal. Se afirmó que también se iniciaron pláticas con el SAT para llegar a un acuerdo para el pago de los impuestos que no se retuvieron en los años correspondientes.
Basificaciones irregulares
Ante la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción se presentaron tres denuncias por la comisión de los delitos de abuso de autoridad y ejercicio indebido del servicio público. Además de las irregularidades financieras, otra tiene que ver con la basificación irregular de empleados supernumerarios.
Se habrían entregado cuando menos 10 plazas de manera ilegal a trabajadores que no cumplían con los requisitos para tener base dentro del organismo, sin haber siquiera participado en un concurso de oposición, ni contaron con el visto bueno del sindicato. Dichas basificaciones se dieron justo antes del cambio de administración.
Incumplimiento de contratos
Se detectó también un contrato de comodato con el Ayuntamiento de Tlaquepaque, donde se otorgaba la posesión de un inmueble a la CEDHJ del cual se desconoce el uso que se le daba.
En dicho contrato, la Comisión se obliga al pago de servicios como el de agua potable; sin embargo, el organismo omitió realizar dicho pago de servicio de agua potable del inmueble en comodato desde noviembre de 2019 hasta su entrega en agosto de 2022.
Derivado de lo anterior, se generó un adeudo con el SIAPA por la cantidad de 172 mil pesos de los cuales 41 mil corresponden a recargos.
La tercera denuncia es por la probable comisión del delito de uso ilícito de atribuciones y facultades, pues se contrataron los servicios de la empresa Radiomóvil Dipsa, S.A. de C.V. para el uso de telefonía celular. La Comisión habría renovado un contrato que terminó siendo perjudicial para las finanzas del organismo, generando una mella de 29 mil pesos.
