Pueblos ubicados en la Barranca del Río Santiago se encuentran en pie de lucha para evitar la expansión del basurero de Picachos; pues afirman habrá daños irreversibles a las comunidades que desde hace años padecen problemas ambientales y de salud por la operación de vertederos en la zona de carretera a Colotlán.
Advierten acciones civiles e incluso judiciales para evitar se incorporen 12 hectáreas a este relleno sanitario y se construyan nuevas celdas de contención para los residuos sólidos.
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Tras el cierre del basurero de Los Laureles el 1 de noviembre de 2021 (ubicado en los límites de Tonalá y El Salto), el ayuntamiento de Guadalajara se quedó sin sitio para dejar sus residuos sólidos, por lo que llegó a un acuerdo con el ayuntamiento de Zapopan para utilizar de manera conjunta el basurero de Picachos.
Guadalajara genera mil 800 toneladas de basura al día. La construcción de las celdas es necesaria para darle de cuatro a cinco años más de vida al basurero de Picachos.
Denuncias de daños ecológicos
Los vecinos del basurero de Picachos, principalmente comunidades rurales, acusan que si bien los residuos se encuentran sepultados por tratarse de un relleno sanitario, hay derrame de lixiviados. Los jugos de la basura han atravesado las geomembranas impermeabilizantes, contaminan los mantos freáticos y posteriormente la cuenca del Río Milpillas que desemboca en el Río Santiago. Esta situación deriva en severos problemas de salud en varios de los pueblos cercanos.
“El ayuntamiento de Zapopan, junto con la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial (Semadet) autorizaron 12 hectáreas más para depositar los desechos del Área Metropolitana de Guadalajara en el basurero de Picachos, el cual además de ser deficiente en el tratamiento adecuado de los residuos, su ‘vida útil’ acabó hace 10 años, según el estudio de impacto ambiental oficial”, acusaron en un comunicado colectivo. Dicha carta cuenta con más de 100 firmas.
Señalan que las autoridades ignoran las evidencias presentadas desde 2009, donde afirman hay afectaciones en la salud de las comunidades. Agregan que la construcción de las nuevas celdas también implicará un ecocidio porque serán derribados centenares de árboles para la expansión del vertedero.
Denuncian sobre los lixiviados que poco se ha hecho para contenerlos y sólo se trabaja en el reciclaje y esperan a que se evaporen, lo que también genera efectos medioambientales adversos.
Los colectivos agregan que el problema de los lixiviados no es exclusivo de Picachos (aunque es el más urgente por su ampliación), pues la situación involucra también a otros basureros que hay en la zona como el de la empresa Hasar’s, a donde llegan los desechos del municipio de San Pedro Tlaquepaque. Hay dos tiraderos cerrados que también causan estragos: El Taray y Copalita, que a pesar de dejar de operar hace más de 15 años, los desechos siguen derramando lixiviados y nadie hace nada por remediar la situación medioambiental en ambos puntos.
