Con el objetivo de que no vuelvan a ocurrir conflictos sociales, como sucedió con el tema de Iconia, diputados de Jalisco analizan una propuesta de someter a consulta pública aquellos actos de gobiernos municipales y del estado donde se pretendan desincorporar predios públicos para entregarlos a particulares.
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La propuesta fue presentada por la diputada María Padilla de Morena, donde señalan que dichas consultas no serán en todo el municipio, sino sólo aquellas áreas de influencia de los predios que se pretendan desincorporar.
Este tema se retoma ante los conflictos que ha generado la entrega de los predios de Iconia por parte del ayuntamiento de Guadalajara a una empresa privada. Desde hace varios años, vecinos y activistas están en pie de lucha contra el proyecto de los terrenos de Calzada Independencia y Periférico, pues afirman no se consultó a los vecinos y que originalmente ese terreno estaba destinado a ser un parque.
La propuesta propone reformar los artículos 85 y 88 de la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal para que sea obligatorio someter a consulta popular la enajenación de cualquier predio municipal como un parque, área verde, espacio deportivo o vialidad, o bien, que tenga superficie superior a los mil metros cuadrados.
La consulta tendría que ser organizada por el Consejo Municipal de Participación Ciudadana, quien deberá preguntar si la gente está de acuerdo con la enajenación, en un plazo de 30 días posteriores a que se proponga.
“No se trata de que todos los habitantes del municipio participen en la consulta, salvo que se trate de un predio de impacto en todo el municipio, en los demás casos se trata de preguntar solo a las colonias que se encuentran en el área de influencia del predio”, especificó la diputada.
Inventario de bienes públicos
La legisladora morenista recordó que según la ley vigente, cada desarrollo tiene la obligación de dar áreas de cesión para equipamiento a favor del municipio: 16% en zonas habitacionales, 13% comercial, 11% turística y 8% industrial, además de las calles y vialidades. Dichos espacios son destinados al servicio público y que mejor que sea la gente quien autorice si estos espacios son susceptibles de ser privatizados.
También se solicita a la Secretaría de Administración y a la Consejería Jurídica, un reporte actualizado de los bienes inmuebles de propiedad estatal en el que informe sobre los predios que se encuentran en posesión de particulares para verificar que efectivamente se cumpla el destino establecido en el decreto de autorización.
Según el portal de Transparencia de la Secretaría de Administración, existen más de cuatro mil 500 inmuebles en el patrimonio del Estado, de los cuales 136 aparecen en comodato a favor de terceros y 27 están en manos de particulares. Pero el reporte no incluye las donaciones condicionadas, ni los inmuebles de la administración descentralizada.
