Vecinos de Tonalá acusan que, a pesar de la clausura interpuesta desde diciembre por la Procuraduría Federal para la Protección Ambiental (Profepa), sigue llegando basura al basurero de Matatlán. Acusan a la empresa Caabsa Eagle de incumplir con los trabajos de remediación ambiental en este lugar, a pesar de que hay recursos judiciales que los obligan.
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Los vecinos de esta zona de Tonalá, entre ellos habitantes del fraccionamiento Urbiquinta, afirman que a la central de transferencia siguen llegando camiones de servicio privado de recolección, así como unidades del ayuntamiento de Guadalajara, a pesar de que no está permitido.
Tras el cierre del basurero de Los Laureles en noviembre de 2021, la empresa Caabsa, concesionaria de los servicios de recolección de Tonalá y Guadalajara, reabrió sin permiso la central de transferencia de Matatlán para comenzar a depositar la basura en este paraje. Este sitio nunca tuvo la autorización para trabajar de esta manera, pues sólo tenía licencias para laborar como sitio de transferencia; es decir, así como llegaba la basura en los camiones recolectores, tenía que ser retirada en góndolas para llevarlo a un relleno sanitario autorizado.
Después de varios meses de lucha, los vecinos consiguieron que Matatlán fuera clausurado por el gobierno federal. Pese a la existencia de los sellos, afirman, siguen llegando los camiones recolectores al punto.
A pocos metros de esta central de transferencia hay asentamientos humanos que padecen no sólo los malos olores, sino la enorme presencia de fauna nociva, lixiviados y derrames de jugos de la basura hacia sus calles y daños a las vialidades por el constante paso de vehículos pesados.
“En Matatlán, la suspensión provisional existe desde enero, la clausura desde diciembre y no han hecho ninguna remediación. Ahí siguen más de 200 mil toneladas de basura acumuladas y ahorita Caabsa tiene máquinas nada más esparciendo las montañas de basura para tratar de disfrazarlo y echarle tierra encima, sólo la están regando y no están sacando nada de la basura que debieron haber sacado durante esos 13 meses que operaron sin permiso y de manera ilegal”, acusó el ambientalista Armando Bañuelos.
El activista mencionó que el amparo con el que cuentan los vecinos no sólo es para que la planta deje de operar, sino para que la empresa limpie: “que se lleven su desastre a donde ellos quieran, pero donde no nos afecte a la población”, agregó Bañuelos.
Los vecinos advierten que podrían llevarse a cabo nuevas movilizaciones y protestas en la zona si las autoridades siguen siendo omisas con la vigilancia a esta central de transferencia que no debería estar en operaciones.
