El pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) avaló la legalidad de la controversial reforma aprobada por el Congreso de Jalisco en octubre de 2022 y donde se modificaba el reparto de prerrogativas para partidos políticos.
Esta reforma resultó controversial, porque al final, se incrementaron los recursos que recibían las fuerzas políticas en el estado, en lugar de reducir los montos.
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La reforma publicada en octubre de 2022 tumbaba la llamada “Ley Kumamoto” o “Sin voto no hay dinero”, aprobada en 2017 e impulsada por el entonces diputado independiente Pedro Kumamoto.
Dicha legislación establecía un sistema de distribución de recursos donde los partidos políticos con más votos recibidos durante las elecciones tuvieran más dinero. La reforma creaba dos bolsas: una que se distribuiría entre los partidos que ya tuvieran registro federal y otra bolsa para los partidos que sólo tuvieran registro local.
La controversia
Después de las elecciones de 2021, la fórmula de la Ley Kumamoto terminó favoreciendo a dos partidos que tuvieron pocos votos: Hagamos y Futuro.
La fórmula se siguió al pie de la letra y se hicieron las dos bolsas: Hagamos y Futuro se repartieron una bolsa por sólo tener registro estatal, pero la bolsa de partidos con registro federal se tuvo que repartir entre cinco: Movimiento Ciudadano, Morena, PAN, PRI y Partido Verde.
Los diputados de MC, Morena y las otras fuerzas políticas calificaron de injusto que a pesar de tener más votos que Futuro y Hagamos les hubiera tocado menos dinero; los partidos locales señalaron que no tenía nada de injusto, pues además del financiamiento estatal, los otros partidos ya reciben recursos del Instituto Nacional Electoral a nivel federal.
El 29 de septiembre y en una sesión en fast tack, los diputados decidieron reformar y eliminar la Ley Kumamoto. Aunque los legisladores dijeron que esto implicaría un ahorro, la realidad es que los partidos dispararon los montos para ejercer en 2023.
En el anteproyecto 2023 aprobado por el Instituto Electoral del Estado se etiquetaron 168 millones de pesos para distribuir entre los siete partidos con registro estatal. Sin embargo, cuando se aprobó la reforma, el financiamiento a partidos pasó a 394 millones de pesos. Movimiento Ciudadano pasó de recibir 36.8 a 116.2 mdp; Morena de 24.8 subió a 80.6 millones; el PAN de 16.9 incrementó a 55.1 mdp; del PRI la variación fue de 16.8 a 54.6 millones; mientras que el Partido Verde de 8.2 a 26.6 millones. Hagamos y Futuro se quedaron en 31.3 y 29.4 millones de pesos, respectivamente.
Reclamo de Hagamos
El partido Hagamos consideró que la reforma aprobada es ilegal y se presentó la acción de inconstitucionalidad 160/2022, que finalmente llegó al pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación bajo ponencia de la ministra Loretta Ortiz Ahlf.
“La reducción del financiamiento de los partidos políticos locales se encuentra dentro de la configuración legislativa de las entidades federativas”, citó la ministra Ortiz Ahlf, al afirmar que el Congreso sí está facultado a realizar dicha reforma, pero además no se justificó la argumentación que el gasto generaba una merma a las finanzas públicas.
La acción de inconstitucionalidad fue desechada por unanimidad por los ministros de la Corte.
