La propuesta de que una consulta ciudadana sea la que defina el destino del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (NAICM) y esta ocurra en octubre próximo, como lo propuso el virtual presidente Andrés Manuel López Obrador, requiere una reforma constitucional fast track, coincidieron expertos consultados por Publimetro.
Roberto Duque Roquero, abogado constitucionalista de la UNAM, precisó que la idea podría cristalizarse a través de una iniciativa presentada por algún partido o bajo la figura de propuesta ciudadana, ante la Cámara de Diputados o el Senado.
La propuesta debe modificar la Ley Federal de Consulta Popular para que el ejercicio no quede sujeto a realización de una jornada electoral ordinaria.
«De acuerdo con el modelo mexicano del mecanismo de democracia semidirecta, la consulta popular normada en la Constitución y regulada en la Ley Federal de Consulta Popular vigente, debe coincidir con una jornada electoral, por lo que para que el referéndum o plebiscito se realice en fecha distinta a las elecciones ordinarias tendría que haber una modificación a la sustancia de esta figura de la consulta popular», explicó.
En este caso se espera que sea una de las primeras propuestas que presenten las bancadas de Morena, PES y PT, al ser los partidos políticos que abanderaron al tabasqueño en la campaña presidencial.
Ello podría ocurrir a partir del 1 de septiembre, fecha en que tomarán protesta los legisladores ante el pleno del Congreso de la Unión y quede instalado el primer periodo ordinario de la LXIV Legislatura.
Hasta la fecha referida, López Obrador no podría ser quien envíe la iniciativa puesto que asumiría el cargo de Presidente de la República hasta el 1 de diciembre próximo.
El experto precisó que para que prospere el cambio constitucional se requiere el apoyo de dos terceras partes de alguna de las cámaras (86 senadores y 334 diputados federales), así como mayoría en 17 de los 32 congresos locales.
Sin embargo, es necesario tomar en cuenta que el 1 de julio pasado 26 estados tuvieron elecciones para renovar sus congresos y las fechas de instalación serán entre el 31 de agosto y el 25 de octubre.
Es decir que la modificación de Ley Federal de Consulta Popular pende de poco más de un mes para que la consulta ocurra en octubre como busca López Obrador.
«Las legislaturas de las entidades federativas tienen un calendario que va variando para conformarse por lo que a Morena podría complicársele un poco obtener esa mayoría, pues aún con sus aliados y la mayoría necesaria para modificar leyes, no alcanzaría mayoría en los estados «, acotó.
La figura ciudadana
La otra vía para modificar la ley que regula las consulta popular-y que tampoco garantiza que esté lista para octubre– es a través de una iniciativa ciudadana, la cual debe tener el respaldo de por lo menos 0.13% de la lista nominal vigente; es decir, más de 116 mil firmas si se toma en cuenta que la más reciente es de 89.2 millones de electores.
De ahí la cámara a la que sea presentada debe esperar a que el Instituto Nacional Electoral (INE) verifique la autenticidad de las firmas, después se turne a comisiones y se apruebe ante el pleno.
A este proceso también se suma el respaldo de por lo menos la mitad de los congresos locales.
El ex consejero electoral del INE y de la Ciudad de México, Javier Santiago, precisó que para hacer la consulta los implicados deben tomar en cuenta el costo que este ejercicio de opinión tendría, pues implicaría, económicamente, lo mismo que una elección; con su logística, infraestructura y seguridad.
«Sería el INE el encargado de organizar dicha consulta popular para darle la credibilidad y certeza necesaria. Pensar en hacerlo de otra manera sería promover pura demagogia», comentó.
La participación
De acuerdo con Quetzalcóatl Sandoval Mata, miembro de la Barra Mexicana y Colegio de Abogados (BMA), el ejercicio debe realizarse a nivel nacional para que tenga la validez necesaria.
¿Cómo tendría que ser esta reforma constitucional?
–El Estado debe encargarse de la consulta. En ocasiones existe la opinión de que sean los particulares, pero ello es inviable económicamente y poco confiable políticamente.
¿Qué elementos debe considerar la reforma constitucional para la consulta popular propuesta para octubre?
–El contenido de la reforma constitucional debe contemplar lo que establecen dos sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos –caso Sarayaku– y otra de un tribunal federal brasileño –caso hidroeléctrica de Belo Monte–. En ellas, se avanza en la concreción del derecho a la consulta y la obligación de los Estados de establecer los cauces necesarios para que se lleve a cabo, pues ambas son sentencias vinculantes para los involucrados.
Ambas sentencias fijan la obligación pública de garantizar las consultas y el diálogo de buena fe con los pueblos indígenas afectados, a respetar su derecho a la libre determinación, a impedir la entrada de terceros actores -empresas- en territorios indígenas, cuando los pueblos no han dado su consentimiento, y a reparar los daños causados por decisiones que no observaban estos derechos.
Roberto Duque Roquero también recordó que actualmente existen restricciones temáticas para las consultas populares, tales como:
- Restricción de derechos humanos
- Forma de gobierno del país
- En materia electoral
- Ingresos y gastos del Estado
- Seguridad nacional
- En cuestiones relacionadas con la organización y disciplina de las fuerzas armadas
