El gobierno de Jalisco carece de protocolos para elegir a sus funcionarios de primer nivel y no les realiza ningún tipo de pruebas, ni físicas, de conocimientos o psicológicas, mucho menos de control de confianza, para determinar si son aptos para desarrollar su trabajo.
Si bien en cualquier empresa existen ciertos filtros de selección de personal antes de que una persona ocupe un cargo, en Jalisco no hay ningún examen para determinar si el político cuenta con las aptitudes para responder a las expectativas de los ciudadanos.
A través de la ley de transparencia, se solicitó las evaluaciones u otras pruebas que se hayan realizado a los integrantes del gabinete a fin de determinar su perfil y habilidades para ocupar el cargo. Tanto la Secretaría General de Gobierno como la Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas informaron que dichos datos son inexistentes “en virtud de que a los Secretarios de Estado no se les realiza ningún examen u evaluación, ya que éstos son designados y removidos libremente por el Gobernador del Estado”, según respondió la segunda.
“No basta conocer al empleado personalmente, es necesario entender sus preferencias, su manera de pensar, para establecer si cumple a la cabalidad con el puesto que va a desempeñar; eso es clave en cualquier organización y debería ser fundamental si hablamos de las estructuras de gobierno más importantes”, consideró Ana Luisa Morales, responsable de recursos humanos en diversas empresas durante los últimos 10 años.
Francisco José Gutiérrez Rodríguez, especialista en temas de psicología y director del Centro de Evaluación Psicológica de la UdeG, coincidió en la importancia de hacer estos exámenes.
“Hoy más que nunca en la función pública se requiere contar con perfiles integrales que nos permitan garantizar que las personas que estás seleccionando (sean) la persona idónea al puesto. En una evaluación psicológica se evalúan actitudes, capacidades, habilidades, toma de decisiones y rasgos de personalidad. Si un funcionario público va a tener que hacer toma de decisiones y deberá reaccionar ante diferentes eventos de la vida cotidiana, que afectarán a un gran segmento poblacional, es importante que estos perfiles psicológicos sean evaluados”, dijo el experto.
Señaló que estos exámenes, así como los físicos, ayudan a revisar que los funcionarios están en capacidades de desarrollar su cargo de forma apropiada.
“Se deben hacer entrevistas, simulación e indicadores de veracidad del discurso”, agregó. Así, dijo, el aspecto psicológico de un funcionario se vuelve un asunto de interés público.
“Un funcionario cede algunos de sus derechos de su vida personal al carácter público (…), el ciudadano debería tener el derecho de saber si un funcionario se encuentra en capacidades para ofrecer un buen trato en su desempeño”.
Las respuestas
Esto contestaron las dependencias de gobierno en torno a las pruebas que se realizan a los funcionarios del gabinete.
• Secretaría de Planeación Administración y Finanzas. Se le hace de su conocimiento que no se cuenta con la información requerida en virtud que a los Secretarios de Estado no se les realiza ningún tipo de examen o evaluación ya que éstos son designados libremente por el Gobernador del Estado. • Secretaría General de Gobierno. Los titulares de las secretarías son unipersonales (…) son designados y removidos libremente por el Gobernador del Estado.
Control de confianza
Tras el homicidio del Secretario de Turismo, J. Jesús Gallegos, el 9 de marzo, diputados del PAN solicitaron pruebas de control de confianza entre los funcionarios del gabinete estatal, ello después de que el mismo Secretario de Gobierno, Arturo Zamora, explicó que el ataque se habría derivado de actividades previas del empresario.
Pero ni a Gallegos ni a ningún otro de los miembros del gabinete, salvo al Fiscal General, Luis Carlos Nájera, le han realizado pruebas de control de confianza.
“La propuesta que hizo el PAN se tomó de manera política, se criticó que porque ellos no lo hicieron cuando ese partido estaba en el poder.
Las cuestiones políticas han pesado en esta propuesta, que se debería de rescatar”, destacó Dante Haro Reyes, investigador y académico de la Universidad de Guadalajara.
Agregó el experto en materia de seguridad que “cualquier persona que quiera representar desde la función pública debe de cumplir características de actitud y aptitud.
En la mediada en que estos funcionarios públicos van a vivir del erario público, deben contar con un currículo intachable y los ciudadanos se sentirán mejor representados.
Aquí es donde entra el dilema de hacer los exámenes de control de confianza”.
Comprobar la probidad es lo más conveniente, dijo, aunque reconoció que dichas pruebas sí tienen debilidades estructurales.
“En primer término deberíamos reestructurar, reformar cuáles son los criterios para evaluar y los cinco aspectos que nos manejan estas pruebas: toxicológico, médico, psicológico, socioeconómico y la prueba del polígrafo. Desde luego deben estructurarse para que los resultados tengan una medición exacta de lo que esta pasando, pero como están planteados al día de hoy, no se cumple bien. Por lo pronto, debería hacerse una correlación adecuada de los ingresos y bienes que tienen”, señaló.
