Activistas de derechos humanos y el equipo defensor de la familia de Leonardo Reyes, joven migrante presuntamente asesinado por elementos de las Fuerzas de Seguridad Pública del Estado, denunciaron públicamente el carpetazo que le dio el Poder Judicial a la investigación.
Pese a que por el hecho, la Procuraduría de Derechos Humanos de Guanajuato (PDHEG) emitió recomendaciones a la Secretaría de Seguridad Pública y a la Fiscalía del Estado de Guanajuato, 25 de marzo después de 16 meses de investigación, la Fiscal Ramona Álvarez Pérez señaló que no se ejercería acción penal contra los elementos de seguridad implicado y el caso fue archivado pues señaló que actuaron en legítima defensa.
El equipo defensor de la familia de Leo Reyes presentó una impugnación y cuya audiencia se realizó el pasado pasado 17 de septiembre. La jueza Mónica Edith Olmos Ortega ratificó la decisión de archivar la carpeta de investigación.
“Esta juez que llevó la audiencia el 17 de septiembre para revisar la impugnación fue parcial, vimos complicidad, vimos una total búsqueda de la autoridad judicial para archivar el asunto y que ya no se tocara el caso de Leonardo Reyes”, declaró Mikhail Antonio Ornelas Rodríguez, uno de los abogados defensores.
También se denunció que la Fiscal Ramona Álvarez, quien archivó el expediente en primera instancia, cuenta con una recomendación por parte de la PDHEG bajo el expediente 83-18-D. Es acusada de obstruir el acceso a la justicia a la familia de Leonardo Reyes desde antes de que ella misma buscara cerrar el caso.
