La presa El Zapotillo se basa en “grandes intereses de desarrollo económico” y delega derechos humanos de habitantes afectados, comentó sobre el proyecto Pedro Arrojo, relator especial de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos al Agua Potable y al Saneamiento.
Durante el Foro Internacional del Agua, el especialista explicó que aunque el objetivo debe ser dotar de agua a la región de los Altos de Jalisco y al municipio de León pueda ser legítimo, en realidad se prepondera más el interés económico que el acceso al agua y saneamiento de pobladores y pequeños productores.
“Lo que impera es fundamentalmente grandes intereses de desarrollo económico, que pudiendo ser legítimos, no deben ser prioritarios respecto a otras necesidades que son derechos de personas y comunidades menos poderosas. En este caso están en juego derechos humanos”, declaró al ser cuestionado sobre la viabilidad del proyecto y su legitimidad.
Pedro Arrojo criticó que estos “mega proyectos” dejan en segundo plano a las personas que tienen menos condiciones de acceso al agua.
“La prioridad en el agua no puede estar en la especulación que mira más a mega desarrollos que a la vida real de la gente (…) este tipo de mega proyectos deja en un lugar secundario el acceso al agua potable y saneamiento de los más vulnerables que no pueden pagar”, dijo.
La presa El Zapotillo ha sido promovida desde 2005 como un proyecto hídrico que dotará de agua a Jalisco y el estado de Guanajuato, este último considerado como uno de los de mayor estrés hídrico en Latinoamérica, según el Instituto de Recursos Mundiales (WRI, por sus siglas en inglés).
A 15 años del inicio de su construcción, el proyecto ha enfrentado críticas y frenos legales por los altos costos; así como por las afectaciones a las comunidades de Temacapulín, Acacico y Palmarejo, que serían inundadas si el proyecto avanza.
En el Paquete Económico 2021 se generó una partida de 300 millones de pesos para continuar con el proyecto.
