El Congreso del Estado aprobó modificaciones al Código Penal del Estado y a Ley Estatal de Equilibrio Ecológico para que establecer una multa máxima de hasta cuatro millones 200 mil pesos, a quien contamine cuerpos de agua. También el responsable será sujeto a una pena corporal de nueve años de cárcel.
Las sanciones se aplicarían a quien descargue, deposite, infiltre aguas residuales, químicos o desechos contaminantes, pero dentro de los sujetos sancionables se encontrarían aquellas personas que viertan agua tratada que esté fuera de los parámetros de la Norma Oficial Mexicana.
Las autoridades señalaron que estas medidas son parte de la estrategia integral para combatir la contaminación en el Río Santiago.
“Es que se cree un fondo verde para que la el resultado de las multas, la recaudación que existe por sanciones económicas se invierta precisamente en el tratamiento de agua y en la este reparación del daño ambiental”, señaló el diputado emecista, Daniel Robles de León, promotor de la modificación, quien negó que la medida se haga con fines recaudatorios.
La Procuraduría Estatal de Protección al Ambiente (Proepa) deberá ser encargada de realizar revisiones, diligencias administrativas y procedimientos ambientales.
Antes de la modificación, la sanción máxima contemplada en la legislación local era de 80 mil 600 pesos.
Faltan quien los vigile
Según datos de la Comisión Estatal del Agua, sólo existen dos inspectores para apoyar en las labores de vigilancia de descargas del aguas negras en la cuenca del Río Santiago.
Del mismo modo, de 2013 a 2017, la Comisión Nacional del Agua aplicó sólo tres multas a personas que fueron sorprendidas contaminando el río, según datos concentrados por la periodista Evelyn Olvera. Sin gente que vigile, la nueva norma quedará como letra muerta.
