Después que la Comisión Estatal de los Derechos Humanos (CEDHJ) documentó múltiples irregularidades en los procesos de investigación y búsqueda por parte de la Fiscalía del Estado, así como la identificación de cuerpos en el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses (IJCF), el fiscal del Estado, Gerardo Octavio Solís Gómez adelantó que atenderán las recomendaciones que hizo la defensoría, pero afirmaron que hay temas que ya fueron atendidos oportunamente.
Que el pie de atleta no te sorprenda en el gimnasio o los deportivos
En el reporte emitido por la CEDHJ se destaca por ejemplo, que en el caso de la Fiscalía, hay deficiencias en los procesos de investigación, dilación de la integración de los expedientes de búsqueda y peor aún una enorme sobrecarga de trabaja para los agentes.
En el IJCF se reporta que hay tantos segmentos anatómicos separados descubiertos en fosas clandestinas, que complican los procesos periciales y ocurren demoras graves en entregar los cuerpos a los familiares de las víctimas.
La respuesta de la Fiscalía
“Las recomendaciones se notificaron a finales del mes pasado y principios de este. Desde que llegó la notificación se empezó de inmediato a hacer el análisis correspondiente. Sólo anticiparle que todas las sugerencias que nos allegó la Comisión Estatal serán bien recibidas; desde luego estamos para hacer un trabajo en conjunto con todas las áreas del gobierno en beneficio de las víctimas”, expresó el fiscal Gerardo Octavio Solís Gómez.
Sobre las dilaciones en la entrega de cuerpos en el IJCF, el fiscal expresó: “En lo que respecta a Fiscalía estamos habilitados a realizar trámites rápidos para favorecer a las familias. En algunos casos dependemos de trámites que escapan a nuestro control; otros son temas relacionados con ciertos peritajes. Tenemos reuniones permanentes con personal de Ciencias Forenses a afecto de tratar de agilizar aquellos trámites que tardan más tiempo del que deberían”.
Deficiencias en la búsqueda
Este miércoles, la CEDHJ emitió dos nuevas recomendaciones sobre deficiencias de la Fiscalía el Estado y del IJCF en los trabajos para la búsqueda e identificación de una veintena de personas desaparecidas. Se aprovechó para dar a conocer un listado de múltiples irregularidades en los procesos.
El ombudsman, Alfonso Hernández Barrón, relató por ejemplo, la sobrecarga de carpetas de investigación que tiene cada agente.
“El personal de la Fiscalía manifestó que en el Distrito Judicial 1, correspondiente a la Zona Metropolitana de Guadalajara, hay agentes ministeriales que tienen a su cargo hasta 800 carpetas de investigación”, explicó el funcionario, mientras que fuera de la Metrópoli cada agente tendría 500 carpetas por investigar.
14 mil 002 personas desaparecidas se tienen registradas por el gobierno del Estado; es posible que haya más, pues por cada desaparecido habría cinco casos que no se denuncian
Entre las anomalías detectadas está por ejemplo a falta de planes de investigación, dilaciones en la integración de las carpetas de búsqueda; nulo seguimiento a la información que otorgaban las familias para localizar a las personas; demoras en la entrega de los oficios para iniciar las búsquedas; no solicitar la geolocalización de los teléfonos de las víctimas o nunca pedir las sábanas de llamadas telefónicas;, entre otras fallas.
Un desorden en Ciencias Forenses
Por su parte, la activista Guadalupe Aguilar, representante del colectivo Familias Unidas por Nuestros Desaparecidos en Jalisco (Fundej) señaló que actualmente es mucho peor la crisis forense si se compara a la de 2018. Ese año se dio el incidente de los cadáveres hacinados en tráileres frigoríficos, un tema que escaló a nivel internacional.
Expresó Aguilar que en 2018 los cuerpos en su mayoría estaban completos, pero ahora el IJCF está inundado por segmentos anatómicos separados dentro de bolsas halladas en fosas clandestinas. Esto complican su reconocimiento, lo que se suma a la falta de personal. También advierte que labora personal que no está del todo calificado.
“Pero no se obtienen resultados. Si nos dieran permiso de entrar, les aseguro que ya hubiésemos tenido más resultados. Que nos permitan buscarlos nosotros, pero tienen un soberano desorden”, acusó Aguilar.
Destacan casos donde cuerpos identificados hace 11 meses no son retirados por las familias ante la falta de pruebas periciales, lo que es un acto de revictimización.
