Por: Eduardo Pérez Arroyo
La Secretaría de Salud en Michoacán (SSM) funge hoy como agencia de colocaciones y no como la instancia encargada de atender la salud de los michoacanos. La dependencia tiene un total de 3 mil trabajadores inútiles, que cuestan al presupuesto un total de 60 millones de pesos mensuales.
Elías Ibarra, titular de la SSM, afirma que el círculo vicioso, compuesto por presiones sindicales, mala atención en los hospitales y despilfarro económico, tiene origen en gobiernos anteriores.
“Michoacán hoy tiene 3 mil trabajadores de sobra, que cuestan 60 millones por mes, más prestaciones. Como ese recurso no está presupuestado, debemos gestionar permanentemente para pagar. Ahí está el déficit de la SSM, que se acerca a mil millones de pesos”, afirmó.
La Secretaría de Salud de Michoacán tiene en la actualidad un total de 17 mil 600 trabajadores, según cifras aportadas por Elías Ibarra. Son suficientes para atender todas las áreas, dice, pero mal distribuidas. “Hay áreas rurales en las cuales, por presiones sindicales y políticas, se han desmantelado los centros de salud”.
El secretario expone varios ejemplos, de los cuales el de Nueva Italia parece ser el más elocuente. En la actualidad ese municipio tiene 95 trabajadores, pero de ellos, apenas 15 son médicos: un magro 16% del personal.
“La SSM, el año pasado tuvo 6 mil 300 millones de presupuesto”, explica Ibarra, y detalla cómo esa desproporción pega en las finanzas de la Secretaría. “De esa cantidad, casi 5 mil se van en nómina por año. Hablamos de 450 millones de pesos por mes. El gasto corriente en nómina se acerca al 77%”.
La SSM gasta lo que no tiene en gente que no necesita.
Un negocio familiar
En la actualidad, diversas fuentes calculan que más del 50% de los empleados de la SSM son parientes de alguien que trabaja en la misma dependencia. Las acusaciones tocan a prominentes figuras, como Javier Maldonado Torres, líder del Sindicato Único de Trabajadores del Organismo Público Descentralizado de los Servicios de Salud (SUTOPDSSM), o a Guadalupe Pichardo Escobedo, secretaria del Sindicato de Trabajadores Descentralizados de los Servicios de Salud en Michoacán.
De Maldonado, se dice que tiene hasta 80 parientes en la nómina. En cuanto a Guadalupe Pichardo, ella misma ha aceptado públicamente que, “efectivamente, trabajan algunos de mis familiares, por lo cual me presento para dar la cara y decirles quiénes son y en qué condiciones entraron cada uno de ellos”. Consultados ambos por supuesto nepotismo, las respuestas van de la negación a la indolencia: “no es momento de ver ese tema”. “El nepotismo no es delito en Michoacán”.
Las cifras indican que de los 17 mil 600 empleados de la Secretaría de Salud, 6 mil 961 trabajadores tienen parentesco consanguíneo, y 2 mil 578, parentesco político con otros empleados de la dependencia.
Una visita de este reportero a la Secretaría de Salubridad y Asistencia confirma que ese amor por la familia no se traduce en mejoras en la atención. En el lugar se aplica el esquema de vacunación a los infantes. La presencia de menores de edad acarrea un natural ir y venir de madres cambiando pañales. En una ocasión, a las 11:00 de la mañana, el baño de mujeres –en donde hay cambiadores– permanecía cerrado y muchas madres debieron retirarse por no poder cambiar a sus pequeños. Al inquirir por qué el baño de mujeres permanecía cerrado aún ante la presencia de decenas de féminas, se explicó a este reportero que la persona que tenía las llaves del baño había salido y nadie sabía a qué hora regresaría.
Historial de corrupción
En 2012 las instancias de control anunciaban que las cuentas de Leonel Godoy no cuadraban. Casi 2 mil 800 millones de pesos en adquisición de medicamentos se habían esfumado. Al 2013, el secretario de Salud de Fausto Vallejo, Rafael Díaz Rodríguez, ya acumulaba hasta 90 denuncias por tráfico de influencias y una supuesta intervención para la asignación directa de contratos a comercializadoras de productos médicos a empresas de “amigos”. Más tarde, el gobierno de Salvador Jara enfrentó un total de 9 mil 203 señalamientos por inconsistencias, coronadas cuando, en 2015, la LXXII Legislatura local exhibió el subejercicio de 6 mil millones de pesos en la SSM.
Esos factores explican la crisis estructural, dice Ibarra. “En gobiernos pasados se contrató un exceso de trabajadores, sin que hubiese fuente de financiamiento para tenerlos”, asegura. Pero en Michoacán, desfalcar al estado no trae consecuencias: hasta la fecha, ninguno de los mencionados tiene alguna cuenta pendiente con la justicia.
Las medidas
Elías Ibarra dice que los recursos escasean por la carga que implica la nómina, y asegura que se están tomando cuatro medidas: no contratar ningún trabajador sin la venia de la Secretaría de Finanzas; asegurar que cualquier nuevo contratado sea idóneo; lograr que Hacienda federal pague el salario de los 3 mil trabajadores espurios, y no ceder a los chantajes o presiones de los sindicatos.
Si eso se cumple, habrá avances. Pero esa es la situación ideal. Mientras tanto, líderes sindicales atiborran la nómina instalando a familiares que nadie necesita y muchas madres de los pequeños aún deben retirarse ante la imposibilidad de entrar al baño. Los derechohabientes se quejan y la Secretaría, convertida en agencia de empleos, se ahoga cada día un poco más. Y con ella, la salud y la vida de los michoacanos.
