La Segunda Comisión de la Permanente solicitó al Ejecutivo federal que, a través de la cancillería, pida a Estados Unidos una explicación precisa y urgente sobre los presuntos actos de espionaje que realizó en México.
De igual manera manifestó su rechazo al programa de espionaje de la Agencia de Seguridad Nacional de ese país sobre embajadas, funcionarios y ciudadanos de México y otras naciones, revelado por el ciudadano estadunidense Edward Snowden.
En una declaración por escrito, la Secretaría de Relaciones Exteriores señaló que a raíz de lo publicado en Brasil manifestó por los canales diplomáticos al gobierno de Estados Unidos la “exigencia” de su contraparte mexicana “de información amplia sobre el asunto”. La cancillería señaló que para México “las relaciones entre países se conducen con respeto y apego al marco legal y condena enérgicamente cualquier desviación de esta práctica”.
La diputada Lizbeth Rosas Montero, del Partido de la Revolución Democrática (PRD), opinó que al encontrarse en riesgo la seguridad nacional es necesario que el presidente de la República se pronuncie de manera pública sobre este caso que ha provocado reacciones en los países afectados.
“México no se puede quedar tibio, menos ante la violación de nuestra autonomía nacional”, precisó Rosas Montero, quien afirmó que la Ley de Seguridad Nacional tipifica los actos de espionaje como una amenaza a la seguridad nacional.
Por ello, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) debe establecer mecanismos para frenar el espionaje en territorio nacional, pues “lo peor no es saber que durante muchísimos años han trastocado nuestra intimidad como país, lo más grave es que lo sigan haciendo”, indicó.
En ese sentido, la legisladora del PRD demandó impulsar una estrategia para blindar a México de esas actividades realizadas por Estados Unidos, pues “el espionaje contra un país eso sí es terrorismo”.
A su vez, la senadora Adriana González, del Partido Acción Nacional (PAN), reclamó que la cancillería no haya informado al Congreso de la nota diplomática que envió al gobierno de Estados Unidos sobre el espionaje al que fueron sometidas las sedes diplomáticas en México que denunció la legisladora priista María Lucero Saldaña Pérez.
Sostuvo que al no tener facultades para juzgar las acciones de Edward Snowden, México debió mantener su postura de respeto a los derechos humanos y ofrecerle asilo político al ciudadano estadunidense, independientemente de si otras naciones lo hicieron antes.
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