La maquinaria de espionaje de Estados Unidos creció demasiado, tanto que nadie puede comprenderla en su totalidad.
La Agencia de Seguridad Nacional (NSA) la puso en marcha en 2006, y la vasta red de supercomputadoras, interruptores e intervenciones telefónicas comenzaron a recabar registros telefónicos y de navegación por internet de los estadounidenses por millones, en busca de señales de terrorismo.
Pero cada día, los analistas de la NSA espiaban más registros telefónicos estadounidenses de lo que tenían autorizado. Algunos funcionarios revisaron bases de datos de registros telefónicos sin siquiera darse cuenta. Otros compartieron los resultados de sus búsquedas con personas que no estaban autorizadas a verlos.
El gobierno tardó casi tres años en darse cuenta de que muchas cosas habían salido mal. Y todavía más en dilucidar por qué.
Documentos desclasificados difundidos el martes relatan la historia de un aparato de espionaje tan complejo y difícil de manejar que nadie lo entendía en su totalidad, aun cuando el gobierno lo dirigió contra el pueblo estadounidense en el nombre de su propia protección.
“No había una sola persona que tuviera una comprensión técnica completa”, explicaron abogados del gobierno a un juez federal en 2009.
Luego de que el ex analista de la NSA Edward Snowden reveló los secretos del espionaje estadounidense al mundo, el gobierno de Obama trató reiteradamente de garantizar al pueblo de Estados Unidos que la autoridad de la NSA estaba bajo el control del Congreso y los tribunales.
Los errores descubiertos en 2009 han sido corregidos, dijo el presidente Barack Obama, como reflejo de esa supervisión.
Pero los documentos de la Corte de Vigilancia de Inteligencia Exterior muestran que, al desarrollar la red de espionaje más sofisticada del mundo, ni siquiera los principales representantes legales ni altos funcionarios estaban seguros de cómo funcionaba el sistema, y no entendían lo que se les explicaba.
“Parece que nunca hubo un completo entendimiento por parte del personal clave, con respecto a lo que cada individuo quería expresar con la terminología”, escribieron abogados en marzo de 2009, cuando el alcance de los problemas se volvió el centro de atención.
Como resultado, los jueces de la corte de vigilancia, que dependen de la NSA para que explique el programa de espionaje, aprobaron un programa que era mucho más entrometido de lo que creían.
“Dada la responsabilidad y competencia del poder ejecutivo para determinar la mejor manera de proteger nuestra seguridad nacional, y a la luz del alcance de este voluminoso programa de recolección, la corte debe depender en gran medida del gobierno para que vigile este programa”, escribió el juez Reggie B. Walton en una orden de 2009 que encontró que la NSA había tergiversado reiteradamente sus programas.
En el Congreso, mientras tanto, sólo algunos legisladores entienden a cabalidad los programas que han autorizado una y otra vez, y que se supone supervisan. Por ejemplo, el representante Jim Sensenbrenner, uno de los patrocinadores de la ley antiterrorista Patriot Act, ha dicho que nunca tuvo la intención de que fuera usada para recabar y almacenar los registros telefónicos de todos los estadounidenses.
Y cuando al Director de Inteligencia Nacional James Clapper se le preguntó si el gobierno estaba haciendo eso, respondió: “No”. No obstante, las relevaciones de Snowden, publicadas por el diario británico The Guardian, muestran que eso fue justamente lo que ocurrió.
No existe evidencia en los documentos recién revelados que indique que la NSA usó sus atribuciones para espiar a los estadounidenses con fines políticos, un temor de muchos detractores que recuerdan la vigilancia invasiva del FBI a defensores de los derechos civiles y a manifestantes opuestos a la guerra en la década de 1960.
En lugar de ello, los documentos achacan la extralimitación del gobierno a errores técnicos, malentendidos y falta de capacitación.
De 2006 a principios de 2009, por ejemplo, las computadoras de la NSA tomaron sus registros telefónicos almacenados y los compararon con otros miles sin una “sospecha razonable y articulada”, el requisito legal estándar.
Para cuando se descubrieron los problemas, sólo 10% de los 17.835 números telefónicos incluidos en la lista de vigilancia del gobierno a principios de 2009 cumplían con los estándares legales.
Para entonces, Walton dijo que había perdido la confianza en la capacidad de la NSA para operar el programa dentro de la legalidad y ordenó una revisión completa.
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