Miles de combis inundan las calles de Lima donde aplican su propia ley: no respetan semáforos, maltratan a pasajeros y son la peor pesadilla del caótico tráfico de la capital peruana, un rompecabezas que las autoridades tratan de controlar.
Con desconfianza y temor cientos de miles de peruanos se ven forzados a abordar estas clásicas camionetas para llegar a sus trabajos, mientras cobradores hacen lo imposible por llenarlas al máximo.
“Oiga señor, vamos como en lata de sardinas”, protesta Etelvina Chauca, una mujer que se traslada desde el barrio pobre Pachacútec, en el norte de Lima, hasta el centro de la capital donde trabaja como vendedora ambulante.
“No tengo otra forma para movilizarme, sólo hay combis por mi barrio y siempre ando con los pelos de punta porque estos choferes hacen giros bruscos”, se queja.
Los limeños soportan estos vehículos desde 1992 cuando los propietarios de combis obtuvieron luz verde del gobierno para funcionar y dar transporte a una ciudad de cerca de nueve millones de habitantes.
Las unidades, casi todas con una antigüedad de entre 20 y 30 años, tienen capacidad para no más de doce pasajeros sentados, mientras otros, algo más grandes cuentan con 18 asientos, pero en ambos casos van además repletos de gente parada.
Por la forma brutal y riesgosa en que conducen sus choferes, en una pelea constante con otras combis por captar el mayor número de pasajeros, que muchas veces termina con choques y muertes, por lo que los vehículos se han ganado el mote popular de “combis asesinas”.
Colgado en la puerta de una combi, con medio cuerpo afuera mientras pregona los puntos de la ruta para atraer pasajeros, el cobrador Filomeno Huertas, en la zona sur de Lima, se defiende diciendo que los transportistas son “satanizados”.
“Tengo una familia que mantener, mientras más personas suban tenemos más ingresos”, alega en diálogo con la AFP.
En su mayoría impresentables, los vehículos tienen asientos descuidados y rotos, pasamanos sucios, y viajan en un ambiente sobrecargado de gritos del cobrador y encargado de acomodar a los usuarios.
LA REFORMA DEL TRANSPORTE ES URGENTE
“Tenemos un retraso de por lo menos 20 años en relación a nuestros vecinos como Chile y Colombia; el reordenamiento del transporte público es urgente”, afirmó María Jara, Gerente de Transporte Urbano de la Municipalidad, que ejecuta un plan metropolitano para poner orden en las caóticas pistas limeñas.
Según la ONG Luz Ambar, en Lima las combis están aglutinadas en unas 350 empresas que no son dueñas de las unidades.
“Lo único que les interesa a estas empresas, formadas con escaso capital, es cobrar diariamente a cada dueño de combi un promedio de cien soles (unos 34 dólares) por el uso de una ruta adjudicada a la empresa”, afirma Luis Quispe, director de Luz Ambar, que realiza estudios sobre el transporte.
Ese esquema obliga al dueño de la combi a presionar a su conductor a que pise el acelerador en jornadas de 14 a 16 horas para obtener ganancias y pagar al empresario y a sus trabajadores.
“Es un “sistema perverso” en que el titular de la ruta “no hace nada, mientras los dueños de las unidades de transporte asumen todos los riesgos”, subraya Jara. Si provoca accidentes la empresa no responde sino el dueño de la combi y su conductor.
Jara y Quispe concuerdan en que la reforma del transporte busca formar consorcios con trabajadores estables que cumplan jornadas de cinco horas al día, con sueldo fijo y vacaciones. De ser así, ya no harían carreras en las calles.
En el lado de los transportistas, Julio Rau Rau, presidente de la Corporación Nacional del Empresas de Transporte, admite el mal comportamiento de sus colegas y dice estar de acuerdo con la reforma, pero reclama “reglas claras” al gobierno y los municipios.
Se calcula que actualmente existen 34 mil vehículos de transporte público, la mayoría combis, cifra que la reforma busca reducir a unas 14 mil, erradicando las combis con “autobuses patrón” de nueve metros de largo que operarán inicialmente en cinco rutas en un proceso paulatino que se anuncia desde marzo de 2014.
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