Un grupo de 13 académicos de nueve instituciones de investigación recomendaron que el organismo que sustituya al actual Sistema Nacional de Protección Civil sea preventivo, autónomo, basado en conocimiento científico, en la reducción de riesgos y con un enfoque de derechos humanos.
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Los investigadores del Instituto de Geografía de la UNAM, Irasema Alcántara Ayala, y El Colegio de México, Sergio Puente Aguilar, presentaron un análisis y propuesta de cambios sustanciales en la política pública para el manejo integral del riesgo de desastres en el país.
De acuerdo con un comunicado de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), de 1980 a 1990 en el país se registraron en promedio 506 muertes cada año por desastres, mientras que los daños materiales ascendieron a cerca de 700 millones de dólares estadounidenses.
En contraste, apuntó, de 2000 a 2014, aunque los fallecimientos anuales por estas causas disminuyeron a 186, las pérdidas materiales se triplicaron a dos mil 147 millones de dólares.
De acuerdo con los investigadores, “estas pérdidas están vinculadas a la existencia de diferentes niveles de vulnerabilidad y exposición de la sociedad mexicana, y propiciaron un profundo análisis de las fortalezas y debilidades de nuestro actual Sistema Nacional de Protección Civil”.
Sistema Nacional de Gestión Integral de Riesgo de Desastres
Lo anterior, de acuerdo a la propuesta “Del Sistema Nacional de Protección Civil al Sistema Nacional de Gestión Integral de Riesgo de Desastres: reflexiones, retos y propuestas de transformación desde la academia”, dirigida al presidente electo Andrés Manuel López Obrador, y a su próximo gabinete en las áreas involucradas con el tema.
En un comunicado, la UNAM señaló que se trata de una propuesta surgida de la discusión académica en torno a la jerarquía y modalidades que debería tener la política pública en materia de gestión integral del riesgo de desastres.
Refirió que el Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc), creado en mayo de 1986, fue la respuesta del gobierno al desastre desencadenado por los sismos del 19 y 20 de septiembre de 1985.
Sin embargo, consideró necesaria la reflexión autocrítica y colectiva de la evolución y del papel de dicha instancia a través de una evaluación, desde la perspectiva de política pública, del efecto de los cambios en su marco normativo y pertinencia de sus instrumentos institucionales y financieros.
En representación del grupo académico, Irasema Alcántara dijo que transferir el Sistema Nacional de Protección Civil de la Secretaría de Gobernación a la de Seguridad Pública “puede representar un retroceso de tres décadas”.
Además, apuntó, se requiere diseñar políticas públicas con un enfoque preventivo, que se fundamenten en principios de eficiencia y equidad, integralidad, transversalidad, corresponsabilidad y rendición de cuentas.
Para la toma de decisiones y las acciones específicas de intervención práctica, expuso que el Sistema Nacional de Gestión Integral de Riesgo de Desastres debe basarse en evidencia científica, generada tanto en las ciencias y disciplinas sociales y naturales, como en la ingeniería y la tecnología.
Asimismo, añadió, se debe analizar la conveniencia de transformar el Centro Nacional de Prevención de Desastres en un centro de investigación integral, adscrito a una o varias instituciones con liderazgo y prestigio.
“Debe ser un organismo descentralizado, con autonomía y personalidad jurídica propia, para que su funcionalidad no esté jerárquicamente subordinada a ninguna secretaría”, acotó.
