Elementos de la Procuraduría General de la República (PGR) lograron la detención de Alejandro «N» en el estado de Puebla y quien es señalado por ser uno de lo presuntos torturadores de la periodista Lydia Cacho hace 13 años.
La dependencia informó a través de un comunicado que el detenidos era requerido por el Juez Segundo de Distrito en el Estado de Quintana Roo.
El Comité de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas emitió una resolución del caso el pasado 2 de agosto, porque a su parecer después de más de 13 años de sucedidos estos hechos prevalece la impunidad para todos los implicados en esta red de corrupción de menores.
Dicho comité estableció que el Estado mexicano está obligado a realizar una investigación imparcial, pronta y exhaustiva sobre los hechos denunciados por la periodista, así como a procesar, juzgar y castigar con penas adecuadas a los responsables de las violaciones cometidas.
Además, ofrecer una compensación adecuada a Cacho Ribeiro por la violación de sus derechos humanos, así como adoptar medidas necesarias para evitar que se cometan violaciones semejantes en el futuro, garantizando que todos los periodistas y defensores de derechos humanos puedan ejercer su derecho a la libertad de expresión en sus actividades.
13 años sin justicia
El 16 de diciembre de 2005 Lydia Cacho Ribeiro fue detenida en Cancún, Quintana Roo, por parte de la policía de Puebla y en medio de un fuerte operativo que ella misma ha descrito como «digno de la aprehensión de un capo del narcotráfico».
Durante la detención fue intimidada con groserías, se le negó el derecho a realizar llamadas telefónicas, le impidieron tomar medicinas e incluso expresaron la posibilidad de que no llegara con vida a Puebla, a donde la trasladarían.
En las 20 horas de viaje por carreteras sólo le dieron alimento y bebida en una ocasión.
«Me aseguraron que querían pasar a ver el mar en la noche; me preguntaron si sabía nadar, y uno de ellos habló sobre «la gente que se ahoga». Me preguntaron por mi libro «sobre un pederasta» y hablaron sobre cómo en las cárceles se viola a los que se meten «en eso». A mí me llevarían a la cárcel», relató en diciembre del mismo año en una crónica para Cimac Noticias.
Para Chacho, todo fue una venganza por relatar en su libro Los Demonios del Edén los testimonios de las sobrevivientes de una red de pederastía encabezada por el empresario Succar
Kuri.
Después de la detención, la periodista ha presentado denuncias por tortura contra al ex gobernador Mario Marín, el empresario de origen libanés Kamel Nacif; mientras que a la ex procuradora de Puebla, Blanca Villeda y la Juez Rosa Celia Pérez González por los delitos de cohecho, tráfico de influencias, abuso de autoridad, tentativa de violación y falsedad de declaraciones
