La promesa de campaña del presidente Andrés Manuel López Obrador de “adelgazar” las nóminas del gobierno federal se está complicando y tambalea el ahorro de hasta 38 mil millones de pesos, estimados por expertos cercanos al equipo del político tabasqueño, como producto de la disminución de sueldos de servidores públicos.
De acuerdo con el mandatario se busca reducir la remuneración a quienes ganen más de un millón de pesos anuales de manera progresiva y el ahorro debe significar 50% del gasto actual.
El Proyecto de Nación 2018-2024 presentado por López Obrador como parte de su plataforma electoral señalaba que los ahorros por bajar los altos salarios representarían hasta 56 mil millones de pesos, pero hasta el momento no se ha hecho oficial el monto de la bolsa.
Sin embargo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ordenó –el pasado viernes– suspender la aplicación de la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos en donde se establece que ningún funcionario puede ganar más que él.
Con esta resolución la Cámara de Diputados tendría que construir el Presupuesto de Egresos del 2019 sin el tope salarial previsto, ya que la suspensión permanecerá hasta que la SCJN analice la acción de inconstitucionalidad presentada y el proyecto debe quedar listo a más tardar el próximo 30 de diciembre.
Fue el ministro Alberto Pérez Dayán quien dio entrada al trámite acción de inconstitucionalidad 108/2018, interpuesto por senadores de oposición, quienes alegaron que esta ley violenta la división de poderes.
- Las partidas del Presupuesto de Egresos de la Federación para el año 2019 relativas a remuneraciones de servidores públicos no surtan efectos y, como consecuencia de ello, se aplique la regla prevista en el artículo 75 de la Constitución Federal, es decir, para que en éstas se entiendan por señaladas las cantidades que se hubieren tenido fijadas en el Presupuesto para el año 2018 o el previsto en la ley que previó el empleo respectivo; y,
- Para la suspensión de los tipos penales adicionados al Código Penal Federal.
Ante esta decisión del máximo tribunal de justicia de la nación, este domingo algunos se reunieron en el Ángel de la Independencia para protestar bajo la petición de «austeridad y justicia».
Resistencia
Además, desde que la medida se publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el pasado 5 de noviembre, más de dos mil empleados del Poder Judicial, entre ellos 600 magistrados, han interpuesto amparos contra la reducción salarial.
Aunque la ley también incluye la eliminación del pago de pensiones a los ex presidentes, el amparo no menciona este rubro de «jubilaciones, pensiones o haberes de retiro sin que éstas se encuentren asignadas por la ley, decreto legislativo, contrato colectivo o condiciones generales de trabajo».
Este rubro cuesta al erario un promedio anual de 40 millones de pesos; más alrededor de 16 millones de pesos para el pago de asistentes: choferes, auxiliares administrativos y jefes de área.
Así como gastos en seguridad personal, extensivos a sus familiares: padres, suegros, hermanos, cuñados, sobrinos y hasta tíos; cuyos servicios y sueldos corren a cargo del personal del Estado Mayor Presidencial.
Postura responsable
El presidente de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública en la Cámara de Diputados, Alfonso Ramírez Cuellar, aseguró que las condiciones de la economía nacional obligan a no poner en riesgo la estabilidad de las finanzas públicas, buscando “bolsas” de recursos que no existen.
Incluso dijo que, en todo caso, deberán sujetarse estrictamente a la distribución basada en prioridades sociales, honestidad, transparencia y responsabilidad hacendaria.
“Coincidimos totalmente con el Ejecutivo, en el principio de que no debe haber partidas presupuestales a disposición de diputados o senadores. Esa práctica de corrupción discrecional fue impulsada por gobiernos anteriores para lograr votaciones favorables a su agenda, contraria a los mexicanos”, sostuvo.
Ramírez Cuellar recordó que el pasado viernes concluyó la recepción de proyectos presentados por diversos actores del país, por lo que se analizarán con la convicción terminar con los “etiquetados” como decisiones personales, para dar paso a los proyectos que tengan verdadero impacto en el mantenimiento y conclusión de obras, con capacidad de fortalecer la infraestructura y el bienestar social, serán sujetos a disposición presupuestal.
“Ahora reiteramos nuestra solicitud de forma responsable, a todos los diputados y senadores que promovieron la entrega de solicitudes para aprobar un gasto racional”.
Propuestas:
- AMLO prometió que su sueldo sería de 108 mil pesos
