La instrucción del presidente, Andrés Manuel López Obrador fue clara para su gabinete de trabajo: presentar y hacer pública su declaración patrimonial y conflicto de interés.
Sin embargo, 25 días después, algunos de sus colaboradores más cercanos no cumplieron. En el portal Declaranet, se pudo comprobar que de las 21 principales dependencias del gobierno federal, al menos cuatro no aceptaron hacer públicos sus datos destacando la secretaria de Gobernación (Segob), Olga Sánchez Cordero.
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Así como, los titulares de la Fiscalía General de la República, Alejandro Gertz Manero; de Salud, Jorge Alcocer y del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), Josefa González Blanco.
Mientras que en el portal no se encontró información alguna de Luis Crescencio Sandoval González, quien dirige la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).
Cinco funcionarios más realizaron su declaración de forma parcial, pues condicionaron la entrega de la información a omitir el monto de ingresos netos, por actividad industrial, comercial, financiera y otros, así como el valor de la contraprestación y moneda en bienes muebles e inmuebles y vehículos; saldos por inversión, cuentas bancarias y otro tipo de valores, además de montos en adeudos y pagos realizados en este concepto.
En esta situación se ubicaron el canciller Marcelo Ebrard, los secretarios de Energía (SE), Rocio Nahle, de Educación Pública (SEP), Esteban Moctezuma, de Turismo, Miguel Torruco y el titular de la Consejería Jurídica, Julio Sherer Ibarra.
Sólo 11 titulares entregaron la información referente a sus ingresos mensuales netos, bienes muebles e inmuebles, deudas; así como automóviles y posible conflicto de interés en el desempeño de sus labores.
Entre ellos el titular de la Presidencia, Andrés Manuel López Obrador, quien declaró tener ganancias netas por 108 mil 744 pesos y no contar con bienes muebles o inmuebles a su nombre, ni vehículo alguno.
Así como la secretaria del Trabajo y Previsión Social (STPS), Luisa María Alcalde, quien reportó ingresos netos por 113 mil pesos, un departamento y un vehículo Honda 2013; el titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), Javier Jiménez Espriú, ingresos por 166 mil 557 pesos, así como una colección de libros por tres millones de pesos.
El secretario de Marina (Semar), José Rafael Ojeda, genera ingresos por 129 mil 967 pesos y reportó un crédito hipotecario; el de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), Román Meyer Falcón, compartió que gana 108 mil 500 pesos; la titular de Bienestar, María Luisa Albores, declaró obtener 219 mil 893 pesos mensuales, de los cuales 70 mil corresponden a servicios profesionales.
Irma Eréndira Sandoval, de la Secretaría de la Función Pública (SFP), dijo contar con tres casas y tres departamentos e ingresos por 106 mil pesos; la secretaria de Cultura, Alejandra Fraustro, declaró ingresos mensuales por 128 mil pesos y contar con cuadros, platería, muebles y alhajas.
La cabeza de la Secretaría de Agricultura Ganadería Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, Víctor Manuel Villalobos, reportó ingresos por 291 mil pesos, 36 mil por actividades industriales y 106 mil más por servicios profesionales; Graciela Marquéz Colín, secretaria de Economía, declaró dos departamentos y una casa, así como un préstamo personal e hipotecario.
El titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Carlos Manuel Urzúa, dijo tener ingresos por 111 mil 792 pesos, una casa de medio millón y un auto Vento, 2013.
Jesús Ramírez, vocero de la presidencia tampoco se encontró en el portal en donde todos los funcionarios debían subir su información personal.
Transparencia por ley
El abogado constitucional de la UNAM, José Oscar Valdés, comentó a Publimetro que las declaraciones patrimoniales por parte de los funcionarios públicos deben regularse por mandato constitucional y no opcional.
¿Los funcionarios realmente están obligados o sólo es un dicho?
–Se debería de tener una norma constitucional para que quede legalmente constituida la declaración de los bienes de los funcionarios públicos como una obligación y no sólo como una opción de transparencia.
¿Podría haber algún castigo a quienes incumplan con la medida?
–Por ahora es más una forma de presión moral que algo que esté establecido en el ley. Digamos que legalmente no pueden exigir que se cumpla con algo que no tiene sustento legal. Y aunque muchas personas no la hacen pública o la presentan por temor, creo que si se amparan, la ganan sin problemas.
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