La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) admitió a trámite la controversia constitucional que promovió el Instituto Nacional Electoral (INE) en contra de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión y del Ejecutivo Federal, por el recorte de 950 millones de pesos.
Sin embargo, el ministro Alberto Pérez Dayán, negó la suspensión solicitada en sus dos temas: aumento al presupuesto de operación y a los sueldos de sus integrantes.
En el acuerdo de admisión, Pérez Dayán argumentó la negativa de la suspensión solicitada con las mismas razones por las que se negó a la Comisión Federal de Competencia (COFECE) y al Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), es decir, que el Presupuesto ya entró en vigor y no se le pueden dar efectos restitutorios a la suspensión, por ser una medida cautelar, cuya finalidad es preservar la materia del juicio.
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A través de un comunicado se detalló que se dará vista a las autoridades señaladas como responsables, para que el plazo de 30 días hábiles contados a partir del siguiente en que surta efectos la notificación, envíen al Alto Tribunal el informe correspondiente.
También les requirió a que, junto con el informe, envíen a la SCJN copia certificada de los antecedentes que a cada una corresponde, respecto de la iniciativa, discusión, aprobación, expedición y publicación del Presupuesto de Egresos para 2019.
La controversia del INE, en que impugna la reducción de 950 millones de pesos al presupuesto del organismo, tiene conexidad con las que promovieron, respectivamente, el Juez Cuarto de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, en representación del Poder Judicial de la Federación; la Comisión Federal de Competencia Económica, que la amplió en dos ocasiones; el Banco de México, y el Instituto Federal de Telecomunicaciones.
«Dado que en todos estos asuntos se impugnan decretos legislativos que se refieren al mismo tema jurídico (la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos y Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2019), se acordó turnar este expediente también al Ministro Pérez Dayán, para que instruya el procedimiento respectivo», precisa el documento.
Hasta ahora, el Ministro Instructor solo ha concedido la suspensión de las normas impugnadas en controversias al Banco de México, por ser un organismo que genera sus propios ingresos y no depender del Presupuesto de Egresos de la Federación.
