El memorándum que giró este martes el presidente Andrés Manuel López Obrador para suspender la aplicación de la Reforma Educativa generó opiniones divididas entre los diferentes actores políticos y expertos juristas, sobre su legalidad.
El coordinador del PAN en la Cámara de Diputados, Juan Carlos Romero Hicks, aseguró que el documento evidencia que el presidente está siendo vencido por la corrupción de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), además de que jurídicamente es insostenible, pues no funda ni motiva su petición.
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Por lo que –dijo– se prevén amparos, denuncias penales, acciones de contrariedad, así como juicio político y proceso de desafuero de algunos funcionarios.
«Esto evidentemente va hacia un Estado fallido, frente a insulto y violentación de las instituciones. Es un atentado al poder legislativo, a la separación de poderes y además en una semana en dónde no hay clases, en dónde un conjunto importante de personas no está en su actividad laboral cotidiana», apuntó.
El memorándum firmado por el Presidente, refleja la voluntad del gobierno por acabar con este mal capítulo para los maestros y la educación del país https://t.co/jP42KJE8rd
— Mario Delgado (@mario_delgado) April 16, 2019
Al respecto, el coordinador del Grupo Parlamentario de Morena en el Senado, Ricardo Monreal Ávila, señaló que el documento responde al compromiso de la «Cuarta Transformación» de priorizar el derecho a la educación de los mexicanos, y de acabar con el régimen de terror que instauró la reforma educativa impulsada en 2012 por el partido en el poder y sus aliados políticos.
Monreal aseveró que no hay contraposición entre las medidas administrativas inmediatas que tomará el Ejecutivo federal —en uso de sus facultades y atribuciones—, con el proceso de consulta y diálogo legislativo que está en curso en las Cámaras del Congreso.
Al respecto, la diputada federal del PRI, Dulce María Sauri Riancho, comentó que es una muestra de prepotencia, entendida como tener más poder que el Congreso, desde luego, al cual pretende desplazar, y más poder incluso que el Judicial.
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Mensaje directo a la CNTE
El catedrático de la Escuela de Ciencias Sociales y Gobierno del Tecnológico de Monterrey, Gustavo López Montiel, consideró que el mandatario federal no tiene las atribuciones para solicitar a funcionarios que no apliquen una ley vigente.
Incluso, dijo que más que una orden real parece como un mensaje para que los integrantes de la CNTE sepan que hay disposición de diálogo, así como que se sigue con la idea de echar abajo la reforma que impulsó el ex presidente, Enrique Peña Nieto.
¿La emisión del memorándum es jurídicamente correcta?
–El presidente no cuenta con atribuciones para suspender o vetar leyes, tiene la obligación como representante del Poder Ejecutivo y responsable de la administración pública, de aplicar las leyes. En realidad parece más una estrategia política para tratar de mandar un mensaje a la CNTE de que está en la disposición de abrogar lo que se aprobó hace unos años, pero que no depende de él.
¿Cuál es la ruta ideal para abrogar la ley?
–En primer lugar tendrían que proponer una iniciativa de ley, que reforme la Constitución de como está ahorita, pero planteando los mismos artículos y contenido que existían antes de la actual reforma. Tendría que ser en el Congreso Constituyente, es decir, con el aval de las cámaras locales, además del Congreso de la Unión. La ruta legal dista mucho de cómo la ha planteado el presidente.
¿No se están violando atribuciones al mandar el memorándum?
–Sí, al no tener esas atribuciones tampoco puede ordenar a sus subalternos no cumplir la ley, si los subalternos al final de cuentas incumplen la ley y podrían ser señalados de una falta importante, independientemente de que el presidente se los haya pedido.
¿Cuál podría ser la sanción en caso de que suspendan la aplicación de una ley vigente?
– Ellos están obligados a aplicar la ley porque al asumir el cargo hicieron un juramento para aplicarla porque es su responsabilidad. Si no la aplican estarían incurriendo en faltas y muy seguramente desde el Poder Judicial alguien podría iniciar un juicio para obligarlos a apegarse a la ley, pero seguramente ellos están esperando a que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), intervenga y les diga que están obligados para al final de cuentas enfrentar la posibilidad de un desacato.
En tanto, para la abogada constitucionalista por la UNAM, Adriana Morales, el presidente López Obrador sólo está haciendo uso de su facultad para emitir órdenes administrativas, no así violar el proceso legislativo para hacer cambios en la Reforma Educativa.
En una entrevista con este diario recordó que el Artículo 89, fracción I respalda las indicaciones que dio a los integrantes de su gabinete, es decir a los secretarios de Educación, Hacienda y Gobernación.
«Artículo 89. Las facultades y obligaciones del Presidente, son las siguientes:
I. Promulgar y ejecutar las leyes que expida el Congreso de la Unión, proveyendo en la esfera administrativa a su exacta observancia», cita la Constitución.
Agregó que en ningún momento se están violentando los principios y criterios que se establecen en el artículo 3 Constitucional que establece el derecho a la educación.
«Desde luego hay que puntualizar que no estamos ajenos a la defensa de un verdadero Estado de Derecho cuya primacía de ley es la separación de poderes, un sistema democrático efectivo y la representación política del Estado que hacen efectivo el principio de legalidad. El Estado de Derecho debe verse en todo momento como el ferviente enemigo de los excesos de poder».
