Durante 2018 los casos de linchamientos en México incrementaron un 190%, siendo Puebla, el Estado de México y Puebla los estados que más casos registraron, de acuerdo con un informe de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.
El año pasado se registraron 174 casos de linchamientos, consumados o en tentativa, que ocurrieron en cinco entidades federativas: Puebla; 48 casos; Estado de México, 40; Tabasco, 22; Ciudad de México, 13; e Hidalgo con nueve.
El titular de la CNDH, Luis Raúl González, refirió que en 2016 el incremento de casos respecto a 2015 fue de 37%, mientras que 2018 presentó un claro repunte, con un aumento de 190% interanual al pasar de 60 a 174 casos de linchamiento, con víctimas mortales o heridos.
Por su parte, el segundo visitador general de la CNDH, Enrique Guadarrama, precisó que de los 336 casos de linchamiento revisados en periodo 2015-2018, 43 corresponden a 2015, 59 a 2016, 60 a 2017 y 174 a 2018, lo que ilustra la tendencia al alza.
En tanto, los actos de linchamiento revisados dieron como resultado 561 víctimas, de las cuales 22% (121) murieron y 78% (440) fueron liberadas o rescatadas, es decir quedaron en tentativa. Entre las víctimas de linchamiento 523 fueron hombres y 38 mujeres.
TENDENCIA A LA ALZA
Los linchamientos en México han tenido una tendencia constante al alza en años recientes con un aumento de 190% en 2018 hasta los 174 casos y 271 víctimas debido a la incapacidad del Estado para dar condiciones de convivencia pacífica y al hartazgo de la sociedad.
Al presentar este miércoles «Informe Especial sobre los Linchamientos en el Territorio Nacional», el presidente de la CNDH, declaró que estos actos «constituyen una de las expresiones más graves de la crisis que en materia de inseguridad, violencia e impunidad enfrenta nuestro país».
El ombudsman atribuyó el fenómeno a la desconfianza de la sociedad respecto de las autoridades, la falta reiterada de cumplimiento y aplicación de la ley y la incapacidad de las distintas instancias de gobierno para generar condiciones de convivencia pacífica.
Ello aunado al hartazgo e impotencia de las personas ante una realidad que las vulnera y lastima, y que en ocasiones incurren en acciones violentas «en contra de aquellos que consideran, o suponen, cometen delitos o atentan en su contra o de la comunidad a la que pertenecen».
Pero señaló que bajo ningún supuesto es posible legitimar la violencia ejercida de este modo, ni asumirla como forma de protección personal y colectiva.
«En conjunto, las expresiones de violencia colectiva o linchamientos ilustran la falta de capacidades del Estado para mantener el monopolio legítimo del uso de la fuerza», apuntó.
González enfatizó que el fenómeno «se multiplica y permanece vigente, siendo un problema que las autoridades no han visibilizado ni atendido en forma debida» y por ello carecen de registros específicos.
Sobre el año en curso, González señaló que la tendencia se mantiene ya que en los poco menos de cinco meses transcurridos se han registrado 67 casos con 107 personas involucradas.
Uno de los casos más recientes tuvo lugar el 29 de abril en el pueblo de Los Choapas, en Veracruz, cuando una turba de 600 personas detuvo y asesinó a seis personas acusadas de formar parte de una banda de secuestradores.
El ombudsman resaltó este miércoles la falta de homologación de protocolos de prevención y atención en casos de linchamiento.
RECOMENDACIONES
Para enfrentar el problema, la CNDH recomendó a las autoridades de seguridad establecer estrategias, protocolos y criterios técnicos que busquen la homologación de información estadística oficial sobre linchamientos, así como diseñar y aplicar un programa nacional bajo la perspectiva de derechos humanos.
Igualmente, recomendó planear y realizar jornadas de educación cívica y difusión y fomento de la cultura de la legalidad, de la denuncia, y de respeto y protección de los derechos humanos, además de diseñar y aplicar medidas para detectar la difusión de noticias falsas o rumores que busquen influir en las conductas de la comunidad.
Al Congreso mexicano le recomendó analizar la elaboración de una propuesta de ley para atender la crisis de linchamientos con un enfoque integral, regional y con perspectiva de derechos humanos, para cuya elaboración deberá escuchar la opinión de los expertos en el tema.
