Los enfrentamientos entre grupos del crimen organizado y fuerzas federales ha dejado como efecto colateral la muerte de cientos de personas que tuvieron la mala fortuna de encontrarse cercanos al sitio de la violencia.
Y aunque la Secretaría de Gobernación es la dependencia federal encargada de almacenar los registros de agresiones y muertes por las llamadas ‘balas perdidas’, los expedientes de los últimos diez años fueron alterados o, en algunos casos, desaparecieron.
Así lo confirmó la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana a través de una serie de solicitudes de transparencia que elaboró Publimetro.
La dependencia federal confirmó la existencia de una base de datos que almacenaba los casos de muertes por balas perdidas; sin embargo, los registros se perdieron debido a “cuestiones ajenas” a la institución y por la transferencia de poderes.
A decir de especialistas consultados por este diario, la situación vulnera el acceso a la información y da un mensaje de impunidad y falta de castigo para los responsables, ya que pese a no estar tipificado como delito grave, el mal manejo de un arma puede provocar la muerte o una herida de gravedad.
La situación toma relevancia debido a que, en la última década, organizaciones internacionales han alertado que no se tiene un control o registro exacto sobre muertes o afectaciones a salud por disparos de fuego efectuados por grupos del crimen organizado, policías o ciudadanos armados.
El especialista en seguridad por la Universidad Nacional Autonóma de México (UNAM), Ángel Brodziak Altamirano, señaló que los vacíos legales y la gran facilidad con la que se consigue un arma de fuego ha provocado que el número de accidentes por “disparos involuntarios” se multiplique a gran velocidad.
“Es un paralelismo único. En ningún otro país no se lleva un registro sobre muertes o afectaciones por balas perdidas, en ningún otro lado de América Latina o del mundo se carece de un registro de esta problemática”, externó.
Según datos del Centro Regional de las Naciones Unidas para la Paz, el Desarme y el Desarrollo en América Latina y el Caribe (UNLIREC) México se posiciona como el segundo país con más casos de violencia armada por balas perdidas.
Es más, el conflicto se agudizó debido a las muertes que se registraron en el primer semestre de este año tras la muerte de un bebé de siete meses, la estudiante Aiidé M. y un menor de edad, todos ellos tras recibir un disparo accidental o provocado por enfrentamientos entre policías y crimen organizado.
Huellas invisibles
El Instituto para la Integración al Desarrollo de las Personas con Discapacidad de la Ciudad de México reveló que no se tiene un censo sobre el origen de discapacidades ocasionadas por delincuencia o violencia.
Tampoco la Procuraduría General de Justicia capitalina cuenta con datos sobre estos hechos, lo cual provoca que, ante la falta de estadísticas, se invisibilice a las personas que adquirieron una discapacidad a causa de disparos accidentales.
La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) precisó que se han interpuesto 65 quejas por lesiones por balas perdidas en los últimos tres años, en las que acusan a elementos de seguridad pública, militares y ciudadanos que detonaron su arma bajo cualquier razón.
Ante este escenario, especialistas coinciden que tras no existir una cifra oficial sobre el número de víctimas que han perecido, la impunidad seguirá al alza en este tipo de casos.
“Con tales niveles de violencia armada aumenta la probabilidad de que algunas balas disparadas no impacten en el destino previsto y terminen hiriendo y matando a personas inocentes. Este fenómeno se conoce comúnmente como ‘balas perdidas’, aunque lamentablemente lo que en realidad se pierde son vidas”.
Centro Regional de las Naciones Unidas para la Paz, el Desarme
y el Desarrollo en América Latina y el Caribe (UNLIREC)
