La encargada de la Unidad de Apoyo al Sistema de Justicia de la Secretaría de Gobernación (Segob), Paulina Téllez Martínez, informó que se revisan alrededor de mil 400 casos de presos políticos que son candidatos para su liberación.
Al asistir al foro temático Pueblos Indígenas y Derechos Humanos realizado en el Museo Nacional de Antropología , Téllez Martínez puntualizó que cada expediente se revisa de forma particular pues ningún caso es similar.
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«En mil 400 casos existen irregularidades de procedimientos por parte de las autoridades. Hay personas en centros penitenciarios a quienes no se les ha imputado ningún delito», indicó.
Corroboró la cifra del Primer Informe de gobierno de que, en lo que va del sexenio, se han liberado 45 presos en cuyos procesos hubieron irregularidades o estuvieron manipulados por algún político en situación de poder.
«Las personas liberadas son defensoras del agua, el territorio, los recursos naturales u opositoras a la Reforma Educativa del gobierno pasado», indica el documento del Primer Informe del presidente López Obrador.
El informe puntualiza que estas acciones han sido fundamentales para distender la relación entre población y gobierno, reconstruir el tejido social de las comunidades que se vieron afectadas por las privaciones de la libertad a sus integrantes y, en suma, apoyar los procesos de construcción de paz.
Ley de amnistía liberará más presos políticos
Sobre la Ley de Amnistía que se discutirá este año en el Legislativo, Téllez Martínez expresó que será piedra angular parra hacer justicia a las personas que no deberían estar en prisión.
«Tendrá un impacto directo dentro de estos casos porque lo que sí hemos podido ver es que dentro de estos mil 400 casos sí existen irregularidades dentro de los procedimientos de distintas autoridades», apuntó.
¿Cómo aplicaría la Ley de Amnistía?
La funcionaria pública detalló que la ley sería aplicada para delitos federales catalogados como no graves y para aquellos que están en la cárcel por motivos de tener acceso económico a un defensor.
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Denunció que hay personas que están en prisión preventiva desde hace ocho años, sin que se les dictara una sentencia por falta de recursos o de agilización legal.
Aclaró que esto no implica una liberación masiva sino que el presidente ha delimitado quienes podría acceder a esta norma, además depende de la configuración final del la Ley de Amnistía por parte del Poder Legislativo.
