El Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi) “perdió” documentos que avalan la compra de 10 autos, los cuales están valuados en casi dos millones de pesos, así como facturas por cinco millones de pesos que no tienen sello de almacén para la entrega del inmueble.
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De acuerdo con la auditoría número 16/20, emitida a través del oficio INSABI-OIC-165-2020 del 21 de agosto de 2020, los vehículos y camionetas fueron adquiridas por el instituto —que en 2019 dejó de llamarse Comisión Nacional de Protección Social en Salud (CNPSS)— sin embargo, éstas no cuentan con escritos que avalen la entrada al almacén.
“La Coordinación de Recursos Materiales y Servicios Generales no proporcionó el documento que acredite la entrada de once bienes al Insabi (de los cuales 10 son autos).
“Solicito girar instrucciones que considere procedentes, a fin de que se implementen las medidas correctivas y preventivas acordadas, conforme a los términos y plazos establecidos con las áreas responsables de su atención, señaladas en las cédulas de observaciones correspondientes”, señala el documento.
En otra observación, la ASF señala que tras la verificación efectuada a 17 Cuentas por Liquidar Certificadas (CLC), se localizaron 67 facturas por un monto total de 51 millones 701 mil 625 pesos, las cuales no cuentan con la evidencia del sello del almacén para la entrega de los bienes.
Según la auditoría, además, hay inconsistencias en precios de mobiliario de oficina, estantería, equipo de cómputo, de administración, aparatos audiovisuales, cámaras fotográficas y de video, así como herramientas.
“Documentos de pago que no cuentan con el sello del almacén ni con la carta compromiso, de acuerdo a lo estipulado en el contrato. Falta de documento que acredite los bienes de activo fijo a la CNPSS, así como la falta del documento que avale la entrada al almacén de bienes de consumo”, indica la auditoría realizada a la Coordinación de Programación y Presupuesto, así como Coordinación de Abasto del Insabi.
Éctor Ramírez Barba, diputado federal del PAN, señaló que en el gobierno de la Cuarta Transformación hay un grave problema de opacidad, lo que se revela muchas veces en este tipo de auditorías, en donde se indaga qué compran las dependencias y qué registro viene en inventario.
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“El proceso puede llevar un plazo largo para saber qué pasó con las facturas, quién lo compró, cómo lo pagó, si viene el respaldo monetario, si existe un resguardo, si entró al inventario y quién se lo llevó o quién lo tiene”, precisó el legislador.
Credibilidad
Sobre si la credibilidad de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), que es la encargada de evaluar a las instituciones de gobierno, se vio dañada luego de que admitió errores en la revisión hecha a la cancelación del aeropuerto de Texcoco, el panista aseguró que hay personas preparadas y calificadas para realizar este ejercicio; sin embargo, “el presidente López Obrador se ha encargado de minimizarlas”.
“¿Qué institución ha sido respetada por el presidente? La ASF es lenta en sus procesos porque no tiene el personal suficiente, pero tiene mucha credibilidad y es profesional; es un buen órgano que debe de estar fortalecido”, indicó Ramírez Barba.
Además, señaló un subejercicio y un gasto excesivo que no se ha reflejado en la compra de vacunas ni en equipamiento en hospitales, y señaló que en diciembre se transfirieron 157 mil millones de pesos de recursos del presupuesto a fideicomisos.
“Salud gastó 46 mil millones de pesos durante el mes de diciembre; es decir, pasó de gastar 108 mil millones de pesos en noviembre a más de 154 mil millones de pesos en diciembre de 2020. Este nivel de gasto en un mes representaría una buena noticia, pues implicaría inversión en el sector salud, pero no fue así.
“Si algo ha tenido este gobierno es opacidad, y se valen de la pandemia por Covid-19 para no responder información. Incluso, en noviembre incorporaron un transitorio para que todo lo que hace el insabi se conozca tres años después”, precisó.
Y cuestionó el trabajo de Juan Ferrer al frente del Insabi, pues de acuerdo con el estudio realizado por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), el Seguro Popular contaba con 53 millones de beneficiarios, y para el año pasado el Insabi sólo tuvo 37 millones.
“La institución no ha publicado los reportes como le corresponde para rendir cuentas sobre su gasto, puesto que el año pasado también se le transfirieron 73 mil millones de pesos adicionales a su presupuesto ordinario, cuyo origen es el patrimonio del Fondo de Salud para el Bienestar, sin que a la fecha se tengan resultados”, señaló el diputado federal.
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