Cinco años pasó Hugo Sánchez Martínez en el penal de Almoloya de Juárez sin cometer delito alguno. Lo acusaron de un secuestro que nunca cometió. El lunes por la noche salió del lugar al que no debió ingresar.
El caso de este joven indígena mazahua no es el único. De acuerdo con Leopoldo Maldonado, abogado del área de Defensa Integral del Centro Miguel Agustín Pro Juárez, tienen reportes de más situaciones similares.
Explicó que entre estos casos se encuentra los de José Ramón Aniceto Gómez y Pascual Agustín Cruz, a quienes se les acusa del robo de una camioneta cuando no saben manejar. Otro es de Israel Arzate, quien enfrenta cargos por homicidio, además de que fue detenido arbitrariamente y torturado.
Maldonado explicó que este tipo de situaciones se presentan cuando las personas son de escasos recursos económicos, por lo que, para su defensa legal, acuden con un abogado de oficio.
Asimismo el sistema de justicia no cuenta con la preparación de los elementos que imparten justicia, desde los policías hasta los jueces.
Aunado a ello se encuentra la corrupción, lo que facilita que este tipo de casos continúen, señaló en una entrevista por separado Vicente Fernández, investigador del Departamento de Estudios Jurídicos y Sociales del Tecnológico de Monterrey, campus Ciudad de México.
Sin embargo, explicó que tales situaciones no son comunes, pero son vicios que prosiguen en el sistema, el cual está pensado para que primero se investigue y después se detenga a las personas. “Lo que hacen es detener a quien tienen y después investigan, por eso la proliferación del arraigo”.
Recalcó que la solución es mejorar los servicios periciales y capacitar a policías, jueces y demás elementos en el sistema de justicia. “Es algo que cuesta y lleva tiempo”, puntualizó.
NOTA: Liberan a presunto culpable indígena tras cinco años de prisión
