La violencia generalizada en el sexenio por la lucha encarnizada entre integrantes de la delincuencia organizada y la ofensiva lanzada por el gobierno de Felipe Calderón, llevaron a la sociedad a un punto de psicosis colectiva, que incrementó su impacto por el uso de las redes sociales para la difusión de rumores.
Si la violencia por sí sola envió a las familias a resguardarse en casa, las herramientas tecnológicas aumentaron el miedo, sobre todo por el boom de los dispositivos de comunicación y el uso de Internet desde celulares.
Aunque algunos sucesos fueron capturados desde algún gadget para dejar testimonio de los problemas de seguridad del país; otros, como el narcotráfico o grupos de choque, usaron las plataformas tecnológicas para alterar el orden social y tener terreno libre para violentar la tranquilidad.
RUMOR DE SECUESTRO DE ALUMNOS EN TAMAULIPAS
El 23 de febrero de 2010, presuntos secuestros y enfrentamientos entre grupos de narcotraficantes provocó psicosis entre residentes de municipio fronterizos del norte del estado de Tamaulipas, lo que derivó en calles vacías y el cierre de escuelas para evitar atentados contra la población civil.
De acuerdo con los rumores, los integrantes de la delincuencia organizada amenazaron a planteles escolares de secuestrar estudiantes, lo que generó que padres de familia sacaran a sus hijos de las escuelas a pesar de que muchos de los mensajes resultaron ser falsos.
La fuerza de los avisos ficticios también llevó a dependencias públicas, empresas privadas y centros de trabajo a terminar con antelación las labores, ya que se habló de un toque de queda para la ciudad de Nuevo Laredo y Reynosa.
Las versiones incluían la presunta muerte del entonces presidente municipal de Nuevo Laredo, Ramón Garza Barrios, información negada inmediatamente por la dirección local de Comunicación Social.
Además de las ciudades mencionadas, rumores similares sacudieron la tranquilidad de los municipios de Camargo, Gustavo Díaz Ordaz y Miguel Alemán, sin que ocurrieran atentados, enfrentamientos o plagio de alumnos. Al final, sólo fue el temor el que se apoderó de la población.
RUMOR DE ENFRENTAMIENTOS EN CUERNAVACA, MORELOS
El 16 de abril de 2010, un narcomail fue difundido a través de las redes sociales. En él se advertía que presuntos sicarios del Cártel del Pacífico Sur imponían un toque de queda en Cuernavaca, Morelos.
De acuerdo con reportes de prensa, el mensaje que llegó a través de la Web pasó después de boca en boca a la población, generando psicosis colectiva que llevó a obedecer la falsa alerta.
Comercios, plazas comerciales, cines, restaurantes, bares y todos los lugares públicos cerraron antes de las 20:00 horas. El Zócalo y colonias de la capital morelense quedaron vacías.
El mail comenzó a circular por la noche del jueves 15, pero fue hasta el viernes que se propagó con fuerza. Por la tarde, padres de familia fueron a recoger a sus hijos que cursaban los turnos vespertinos. Las autoridades ordenaron el cese de clases a las cinco de la tarde de manera oficial en todos los niveles.
En el narcotexto se informaba que después de las ocho de la noche del 16 de abril, grupos rivales de la delincuencia organizada se enfrentarían en las calles de Cuernavaca, por lo que ordenaban a la población no salir para no quedar en el fuego cruzado.
Tras cumplirse el plazo, por las redes sociales se difundieron supuestas balaceras en varios sectores de la capital, las cuales fueron desmentidas rápidamente por las autoridades a través de sus cuentas en Twitter y Facebook.
Aunque no pasó nada, cientos de militares arribaron al estado para resguardar la paz social y reforzar los operativos de los efectivos estatales y federales en la Ciudad de la Eterna Primavera.
RUMOR DE ATAQUES A ESCUELAS EN VERACRUZ
El 25 de agosto de 2011, padres de familia llegaron hasta planteles de educación pública y privada, en la zona conurbada Veracruz-Boca del Río, luego que se difundiera a través de Twitter y Facebook el ataque con bombas contra escuelas por parte de criminales, lo que desató histeria colectiva.
A diferencia de otros casos, la Policía actuó de inmediato y logró ubicar a los presuntos responsables de los mensajes. Gilberto Martínez Vera y María de Jesús Bravo Pagola fueron detenidos por las autoridades y puestos a disposición del Ministerio Público por el delito de “terrorismo equiparad y sabotaje”.
Los rumores hablaban de secuestros contra estudiantes y ataques con explosivos contra escuelas de todos los niveles. La noticia que saltó rápidamente de las redes sociales a la calles generó la llegada masiva de padres de familia a los centros escolares, caos vial, saturación de líneas telefónicas y casos de histeria.
Los municipios afectados fueron Veracruz, Boca del Río, Alvarado y Jalapa, principalmente. El gobernador del estado, Javier Duarte, intervino a través de Twitter para calmar a la población y pedir a los medios de comunicación “actuar con responsabilidad” sobre el tema.
Sobre la detención de las personas, quienes dijeron haber actuado sin malicia y bajo información que corría por las calles, se ejerció presión contra las autoridades, pues algunos grupos civiles interpretaron el delito como una forma de censurar a Twitter. En el Distrito Federal, decenas de personas se manifestaron frente a la representación legal del estado.
Al final, las autoridades retiraron los cargos y dejaron en libertad a los inculpados, luego de que reconocieran que no había un marco legal adecuado para juzgar a Gilberto Martínez Vera y María de Jesús Bravo Pagola. Sin embargo, estuvieron 27 días presos.
Sin embargo, el Congreso estatal aprobó una reforma para suplir el delito de “terrorismo equiparado y sabotaje”, previsto en el artículo 311 del Código Penal, y que daba sentencias de hasta 30 años de cárcel sin derecho a fianza, por el de “perturbación del orden público”, contenido en el artículo 373.
Apenas el 22 de noviembre de este 2012, el Congreso hizo una segunda reforma a la ley que castiga conductas de “perturbación del orden público”, con el propósito de precisar en qué casos se debe castigar a las personas que incurran en estas conductas.
RUMOR DE ATAQUES EN CINES DE MONTERREY
El 26 de agosto de 2011, un día después del ataque al Casino Royale, mensaje de alerta a través de Blackberry informaban sobre posibles nuevos atentados en Monterrey. Como en los otros casos, se pedía a la ciudadanía no salir para evitar los enfrentamientos entre grupos de la delincuencia organizada.
Los dos mensajes que circularon a través de celulares y que después pasaron a las redes sociales, para finalmente ser tema de conversación boca a boca, hablaban sobre temas vinculados al narcotráfico. El primero de ellos hablaba de la alteración del orden social por parte de Joaquín Guzmán Loera, el Chapo.
Se afirmaba que el líder del Cártel del Pacífico iría por José Luis Ledezma, el JL, operador del Cártel de Juárez, y para ello crearía caos en Tamaulipas, Querétaro, Morelos, Monterrey, Ciudad Juárez, Sinaloa y Chihuahua. Además se advertía que los negocios que se dedicaron a lavar dinero para los Carrillo Fuentes serían incendiados.
El segundo aviso hacía referencia a una supuesta manta colgada en Monterrey en la que se advertía que los cines serían los próximos objetivos del crimen organizado: “Este fin de semana no es recomendable salir, mejor resguardarse en casa por propia seguridad”.
La psicosis a flor de piel tras los hechos en el Casino Royale provocó histeria entre la sociedad y llamados de alerta a las autoridades, quienes no dieron credibilidad a los anuncios.
RUMOR EN EL ORIENTE DEL EDOMEX Y EL DF
Los días 4, 5 y 6 de septiembre una ola de rumores en Nezahualcóyotl, Chicoloapan, Valle de Chalco, Chalco, Chimalhuacán, Los Reyes e Ixtapaluca, en el Estado de México, y en Iztapalapa, Tláhuac e Iztacalco, en el Distrito Federal, provocaron que familias enteras se metieran a sus casas; negocios cerraran, y el transporte público dejara de laborar.
La historia comenzó con una riña el 4 de septiembre de 2012, entre mototaxistas de San Vicente Chicoloapan, en el Estado de México, y militantes de Antorcha Popular, dejando un saldo de dos personas muertas. Este evento fue el detonante de que horas más tarde, las calles de estos populosos municipios lucieran desiertas.
Algunas personas con altavoces y a gritos comenzaron a informar que se preparaban ataques contra la población y los comercios. Primero, se dijo que los ataques eran de Antorcha Popular, pero después se desvirtuó el mensaje y se vinculó a La Familia Michoacana.
Los rumores provocaron que las familias se encerraran en sus casas y los negocios bajaran sus cortinas por tres días. En las redes sociales se pedía información a las autoridades, quienes tuvieron que implementar operativos y recorridos ante la histeria que corría por Twitter y Facebook.
Algunas familias decidieron sacar a sus hijos de las escuelas y resguardarse en sus hogares. Algunos habitantes, apagaron las luces para no llamar la atención y quitaron mantas propagandísticas que pudieran alterar a los ficticios agresores.
De acuerdo con datos de la Cámara Nacional de Comercio (Canaco), en Iztapalapa hubo pérdidas económicas por 25 millones de pesos; mientras que en Nezahualcóyotl la cifra ascendió a los 90 millones. El transporte público dejó de circular por municipios de la zona oriente del Estado de México, lo que generó una merma económica de 15 a 20 millones de pesos para el sector.
Fue la Procuraduría del Distrito Federal la única dependencia que abrió una investigación por ataques a la paz pública contra cinco personas que alteraron el orden en la colonia Agrícola Oriental: José Luis Peña Navarro, Juan Ramón Sánchez Torrijos, David Guerrero Padilla, Eugenia Mayné Osorio López y José Francisco Navarro Nava.
De acuerdo con las investigaciones, sujetos no identificados les pagaron 400 pesos por difundir esos mensajes. Al final, quedaron en libertad bajo fianza al tratarse de un delito menor.
Por su parte, mil elementos del Ejército, Policía Federal y corporaciones estatales y municipales realizaron desde el 19 de septiembre patrullajes en la zona oriente del Estado de México, incluido Nezahualcóyotl.
