Representantes de la iniciativa privada y organismos ciudadanos se mostraron alarmados porque en la actual administración estatal el 42% de los delitos se cometen con violencia y aprovecharon para exigir al Congreso fortalecer la Auditoría Superior del Estado para contrarrestar la corrupción y la impunidad.
Este lunes, miembros de la IP y el Consejo Cívico, realizaron un análisis de los indicadores de la incidencia delictiva del mes pasado, y señalaron que, si bien se muestra una disminución de delitos respecto al año anterior, ahora se cometen con mayor violencia, lo que provoca un impacto tres veces mayor e impide mejoría en la percepción de seguridad.
“Todo lo que los distraiga (a los tres niveles de gobierno) genera un riesgo de retroceder y cambiar la tendencia. Es algo en lo que no se puede aflojar, cualquier apoyo federal presente en el estado hay que aprovecharlo y no dejar que se vaya”, consideró Guillermo Dillon, director de Caintra.
Asimismo, José Mario Garza, director de Coparmex Nuevo León y Sandrine Molinard, del Consejo Cívico, aprovecharon para exhortar a los diputados a que prueben las reformas para fortalecer la Auditoría Superior del Estado y así iniciar con los procedimientos penales en contra de las irregularidades en la gestión del gobernador Rodrigo Medina.
La cifra
7% de los delitos que se cometen en Nuevo León se denuncian, lo que refleja la desconfianza de la ciudadanía hacia las autoridades, señalaron.
Así lo dijo
“Pensamos que la violencia con la cual se cometen muchos delitos es un factor que afecta la percepción del ciudadano, es decir, hay menos delitos, pero desafortunadamente se cometen con más violencia, como robos de auto o a persona, y eso deja una impresión muy fuerte en la víctima”. Sandrine Molinard, gerente de Operación y Calidad de Gestión del Consejo Cívico.
