El Congreso de México se distingue –a nivel internacional– por caro y laboralmente obeso. El Informe Parlamentario Mundial reporta que dicho órgano, integrado por la Cámara de Diputados y el Senado, es el cuarto más oneroso del orbe, con un presupuesto promedio de mil 116.6 millones de dólares, sólo por detrás de los Parlamentos de EU, Nigeria y Japón.
El documento, elaborado por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), reveló que el Poder Legislativo de nuestro país ocupa el segundo lugar global en burocracia, con un promedio de 11.56 empleados por cada legislador en funciones, apenas superado por Estados Unidos, con 29.73 trabajadores por parlamentario.
Virgilio Bravo, investigador en Asuntos Legislativos del Tec de Monterrey, campus Estado de México, evidenció que –de acuerdo a sus propuestas, participaciones en la Tribuna e iniciativas presentadas–, sólo 10% de los legisladores actuales son productivos y sacan provecho al gasto que realizan a través de su sueldo, partidas especiales y servicios con que cuentan.
“La productividad legislativa es frágil y débil, porque no existe un mecanismo oficial que nos diga qué hacen los diputados y senadores. Hay un registro de asistencias a las sesiones públicas, pero no existe ningún reporte sobre su trabajo, al grado que de los 365 días del año, si trabajan nueve meses es mucho”, dijo.
Otro problema, apuntó el especialista, es la falta de preparación de los legisladores y profesionalización de los asesores que apoyan sus tareas legislativas, lo cual hace que hasta 30% del presupuesto del Congreso se pierda o desperdicie, por la contratación de parientes, hermanos, parejas sentimentales y colaboradores sin preparación.
Ello significa que –de los mil 116.6 millones de dólares de que dispone el Congreso mexicano–, 335 millones se pierden por casos de nepotismo, amiguismo o asesores poco preparados; mientras que sólo 50 de los 500 diputados y 13 de los 128 senadores actuales hacen un buen trabajo, debido a que en su mayoría son los líderes de los partidos o los voceros de las bancadas legislativas.
Antonio de la Cuesta, director de análisis político del Centro de Investigación para el Desarrollo A.C. (CIDAC), señaló que la problemática lleva muchos años en México, debido a la disociación, vacíos de comunicación que existen entre los integrantes del Poder Legislativo y la población.
Indicó que es muy difícil medir la productividad legislativa, pero la desconfianza del público y hasta el desconocimiento de quien es su diputado es una prueba irrefutable de la situación.
