Mejorar la productividad del Congreso, sancionar a los legisladores faltistas, evaluar su trabajo y reducir el número de integrantes en las Cámaras de Diputados y Senadores es letra muerta en nuestro país.
Ello debido a la falta de voluntad política de los propios congresistas, quienes han mandado a la congeladora las iniciativas de ley presentadas en los últimos 16 años para elevar su desempeño.
Las estadísticas oficiales reportan que, tan sólo en la Cámara de Baja, se presentaron 19 iniciativas de ley, cuyo objetivo es determinar los mecanismos necesarios para conocer y, en su caso, sancionar el incumplimiento de las obligaciones legislativas.
En el reporte Reglamentos y Prácticas del Congreso de la Unión, dicho órgano señaló que en la LVII Legislatura se presentó una iniciativa turnada a comisiones. En la LVIII, hubo seis más y en la LIX, un número igual; todas con el mismo destino.
Los últimos cuatro intentos también están detenidos. En la primera, presentada en septiembre de 2012 por la priista Patricia Retamoza, se solicita reducir de 500 a 400 diputados y de 128 a 96 senadores.
La siguiente, impulsada en octubre pasado, el entonces perredista, Martí Batres, propuso reformar los artículos 64 y 73 de la Constitución, para establecer los criterios de cobro por productividad y descuentos a los legisladores faltistas.
En tanto, los diputados panista y perredista, Rocío Reza y Marcos Medina turnaron –en septiembre y octubre pasados– dos proyectos más para evaluar a los servidores públicos de elección popular e “impedir el abuso” de los legisladores que incumplen con sus horarios de trabajo.
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