El Gobierno federal mexicano anunció este miércoles que investiga posibles violaciones a la ley por la construcción de una presa en un rancho del gobernador del estado noroccidental de Sonora , Guillermo Padrés, y advirtió que la estructura podría ser demolida.
Siete casos que pusieron a Sonora en medio de la polémica
El director de la estatal Comisión Nacional del Agua (Conagua), David Korenfeld, dijo en rueda de prensa que la presa se encuentra sobre un cauce de arroyo federal, denominado “El Manzanal”, por lo que desde este miércoles se inició una visita de inspección a la zona.
Acompañado por algunos funcionarios federales, entre ellos el portavoz de la Presidencia, Eduardo Sánchez, Korenfeld presentó una serie de imágenes satelitales que muestran la transformación de esa zona durante los últimos años.
Dijo que los objetivos de la visita, que se realizó ayer y continuará hoy, son determinar si la obra cuenta con los permisos de construcción en una zona federal y para el uso de aguas nacionales superficiales, pero sobre todo “verificar si hay afectaciones a terceros y de riego en ruta del río”.
El funcionario aclaró que en caso de que se detecten anomalías, en primer lugar se clausurará la obra y se liberará el agua para uso de quienes tienen legítimo derecho a ella, y que en caso de confirmarse las violaciones o afectaciones la presa podría ser demolida.
Añadió que estas acciones no corresponden a un asunto político, “sino a preservar uno de los bienes más importantes tutelados que tiene el Estado mexicano”.
Korenfeld adelantó que además se dará seguimiento a denuncias presentadas en últimos días sobre la existencia de obras similares en propiedades de otras personalidades de Sonora .
De acuerdo con versiones periodísticas el rancho Pozo Nuevo tiene 60 años en manos de la familia de Padrés y cuenta con unas 3.000 hectáreas, de las cuales 60 son dedicadas al cultivo de forrajes ganaderos y 300 a una huerta de nogales.
Las declaraciones de Korenfeld se dan luego de que el gobernador Padrés desconociera ayer a funcionarios federales por su presunta “negligencia” al responder al derrame de 40.000 metros cúbicos de sulfato de cobre provenientes de la mina Buenavista del Cobre, propiedad del Grupo México, en el municipio de Cananea en Sonora .
Padrés, del conservador Partido Acción Nacional (PAN), también solicitó al presidente mexicano, Enrique Peña Nieto, del Partido Revolucionario Institucional (PRI), a través de un desplegado en periódicos nacionales, que ayude a su estado a enfrentar uno de los “peores desastres ecológicos y ahora también económicos en la historia” del país.
En respuesta a ello el portavoz presidencial Eduardo Sánchez señaló al gobernador que la permanencia o remoción de los delegados federales del sector ambiental en Sonora “es facultad exclusiva del presidente de la República”.
En esa misma rueda de prensa el titular de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, Guillermo Haro, dijo que el Gobierno presentó en total nueve denuncias tras el derrame del 6 de agosto, y adelantó que en los próximos días se prestará la demanda de responsabilidad ambiental y se concluirá con las evaluaciones de daños en la zona.
En ella, abundó, se determinaran sanciones de cientos o miles de millones de pesos en contra de la minera e incluso podría retirarse definitivamente la concesión, a la par de que avanzan las investigaciones de la Fiscalía general para determinar responsabilidades penales.
