Con las reformas aprobadas Nuevo León se convierte en el primer estado del país en sentar las bases del Sistema Estatal Anticorrupcion (SEA) y en incluir la obligación constitucional para que todos los servidores presenten su declaración patrimonial, de conflicto de intereses y fiscal; denominada 3 de 3.
Se incluye la figura del Fiscal Anticorrupción autónomo por un periodo no mayor a 8 años, da herramientas para que el Auditor Superior del Estado pueda auditar en tiempo real e interponer denuncias por malos manejos.
Así mismo establece las sanciones para servidores públicos o particulares que incurran en actos de corrupción las cuales consistirán en amonestación, suspensión, destitución e inhabilitación, así como en sanciones económicas.
El Sistema Estatal Anticorrupción contará con un comité coordinador, comité de participación ciudadana del sistema y el diseño y promoción de políticas integrales en materia de fiscalización y control de recursos públicos.
Esta Reforma Constitucional echaría abajo la Agencia Antiorrupcion que el Gobierno de Jamie Rodríguez Calderón recién creo para atender los casos polémicos de la administración de Rodrigo Medina.
La Oficina que encabeza Ernesto Canales, según legisladores consultados pasaría a ser una oficina más dependiente de la Procuraduría de Justicia de Nuevo León.
Esta nueva Reforma no podría ser impugnada ni vetada por el Gobernador debido a que forman parte de los cambios a la Constitución.
De acuerdo a lo aprobado por unanimidad del Pleno, podrán ser sujetos a Juicio Político la mayoría de los funcionarios Públicos. Desde regidores hasta el Propio Procurador de Justicia.
El dictamen de la Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales y Anticorrupción fue presentado por los Diputado Héctor García García y Ángel Barroso Correa y respaldada por los Legisladores Arturo Salinas Garza, Gloria Treviño Salazar, Samuel García Sepúlveda, Sergio Arellano Balderas y Felipe Hernández Marroquín, quienes coincidieron que las reformas colocan a Nuevo León un paso adelante del resto de los estados del país en materia anticorrupción.
«Hoy seis meses después de que tomamos protesta y de que en esta misma tribuna nos manifestamos en favor de ser el primer estado en tener un Sistema Estatal Anticorrupción, somos la primera legislatura que lo está logrando, además es un sistema de avanzada, un sistema que resuelve» destacó el Diputado Arturo Salinas, así mismo hizo un llamado para que el Congreso de la Unión apruebe en este periodo las reformas secundarias en materia anticorrupción.
La diputada Gloria Concepción Treviño Salazar expresó «Hoy estamos cumpliendo con lo que tanto pidieron los ciudadanos que es combatir a la corrupción, hoy estamos dándole más dientes a la Auditoria Superior del Estado, hoy estamos fijando las bases para un fiscal anticorrupción realmente autónomo que no dependa del Ejecutivo».
El Legislador Samuel Alejandro García Sepúlveda señaló en tribuna «que no quede lugar a dudas que se hizo lo mejor que se pudo, hace seis meses discutíamos y hoy realizamos un buen trabajo como Legislatura por fin este Congreso va a ratificar a los Contralores del Ejecutivo y de las paraestatales, ya no más Contralores a modo».
Se establece un plazo de 180 días siguientes a la entrada en vigor de las leyes generales que resulten aplicables, para que el Congreso del Estado apruebe la Ley que establezca las bases de coordinación del Sistema Estatal Anticorrupción y la Ley que distribuya competencias entre los órdenes de gobierno en materia de responsabilidades administrativas de los servidores públicos y las que correspondan a los particulares vinculados con faltas administrativas graves; así como las reformas a la legislación del Tribunal de Justicia Administrativa, de la Auditoría Superior del Estado, la Orgánica de la Administración Pública Estatal, la Orgánica de la Procuraduría General de Justicia del Estado y la Ley de Gobierno Municipal del Estado.
Los Municipios deberán dentro de su competencia realizar las adecuaciones normativas correspondientes dentro de los 180 días siguientes a la entrada en vigor de las leyes secundarias.
