Expertas de la Comisión Internacional de Derechos Humanos (CIDH) que investigan la desaparición de 43 estudiantes al sur de México en 2014 afirmaron hoy que en el caso Ayotzinapa se está lejos de encontrar la verdad y señalaron las dificultades que hallaron por la «ambigüedad» de su mandato.
«Esta es una investigación que apenas comienza», aseveró en un coloquio celebrado en la capital mexicana la colombiana Ángela Buitrago, integrante del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), que finaliza su trabajo en el país el próximo 30 de abril.
Buitrago y la guatemalteca Claudia Paz, quienes presentarán el domingo el segundo y último informe del GIEI, hicieron un balance de su trabajo en México, y resaltaron las limitaciones que vivieron en la investigación por los términos del mandato.
En concreto, se refirieron a que se les indicó que su tarea era de «coadyuvancia» con las instituciones mexicanas, pero sin aclarar totalmente las preguntas de «qué, hasta dónde y cómo» habría de ser su investigación.
«Después de seis meses, todavía no sabíamos qué significaba coadyuvancia», aseguró Buitrago, quien añadió que había cosas que se les permitía hacer y otras que, en las mismas circunstancias, se les restringían.
Paz recordó que tenían que moverse de acuerdo con la legalidad mexicana, por lo que no pudieron actuar de manera directa en ciertos aspectos en los que querían profundizar, como en la participación del 27 batallón de infantería con sede en Iguala, donde los estudiantes fueron atacados por policías corruptos y desaparecidos.
Por ello, tuvieron que limitarse a «sugerencias y recomendaciones».
«Es responsabilidad del Estado mexicano esclarecer estos hechos», ya que el GIEI no fue llamado para sustituir a las instituciones del país, reiteró la experta guatemalteca.
El grupo comenzó a trabajar en el caso en marzo de 2015 en virtud de un acuerdo alcanzado entre la CIDH, el gobierno mexicano y los familiares de las víctimas, y al vencerse el primer mandato las partes acordaron una segunda etapa de trabajo.
«Cuando llegamos al país, la investigación estaba prácticamente cerrada» y había una relación muy difícil entre las familias y las instituciones, que el grupo ha contribuido a mejorar, afirmó Buitrago.
La diplomática mexicana Olga Pellicer consideró que «el gran éxito (del GIEI), sin duda, es que pone en duda la verdad histórica» presentada por la fiscalía a principios de 2015.
Según esta versión, los estudiantes fueron detenidos la noche del 26 de septiembre de 2014 en el municipio de Iguala por policías que los entregaron a miembros del grupo criminal Guerreros Unidos, quienes los asesinaron e incineraron en el basurero de Cocula, tras lo cual tiraron sus restos al río San Juan.
Sin embargo, un peritaje realizado por José Torero a petición del GIEI señaló que no había evidencias científicas que permitieran confirmar la tesis de la Fiscalía sobre el supuesto incendio masivo del basurero.
La experta colombiana defendió la importancia de que la investigación sobre lo sucedido no gire únicamente en torno a las declaraciones de los detenidos, sino que se sustente en pruebas científicas.
Ni siquiera con la identificación que el laboratorio austríaco de Innsbruck realizó del estudiante Alexander Mora a partir de restos hallados en una bolsa del río es posible sostener la versión del basurero, continuó Buitrago.
En el «imaginario colectivo» se establece la relación de que, «como se encontró en el río, es del basurero de Cocula», pero lo cierto es que «una cosa es el basurero -que está a 6,5 kilómetros del río San Juan- y otra cosa es el río San Juan», sostuvo la colombiana.
Respecto de la información publicada la semana pasada por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos de México y que planteó la existencia de una nueva ruta de desaparición, Paz recordó que en los primeros resultados del GIEI, presentados el pasado septiembre, ya hacían referencia a esta posible línea.
Hicieron recomendaciones a que «se investigara a la policía de Huitzuco, porque un testigo sobreviviente escuchó cuando no había patrullas ‘ya vienen los de Huitzuco'», relató la experta.
Por su parte, Buitrago remarcó sus esperanzas de que la investigación «continúe» y llegue hasta el final, ya que hay «buenos funcionarios que han tenido que combatir con las mismas dificultades» que ellos y en cuyas manos está el futuro de la investigación tras su marcha.
Remarcó que el caso Ayotzinapa no es una excepción en México: «No son solo 43, es todo un país», zanjó la experta.
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