Las disputas entre maestros públicos y autoridades en México son recurrentes desde hace años, pero el nuevo estallido social en Oaxaca evoca la grave crisis que atravesó ese estado sureño hace exactamente una década porque los problemas políticos y sociales de fondo permanecen, según analistas.
El «deja vu» viene precedido por una reforma educativa del presidente Enrique Peña Nieto rechazada con especial virulencia por la Sección 22 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), el mismo grupo que se puso en pie hace diez años.
«El problema de fondo es estructural, las condiciones que existían en 2006 aún hoy en día prevalecen», afirmó a Efe el presidente de la Liga Mexicana por los Derechos Humanos de Oaxaca, Isaac Torres Carmona.
El ex secretario de Gobierno oaxaqueño Jesús Martínez Álvarez coincide en parte en esa percepción porque los problemas que subyacen son «la pobreza y la desigualdad, atribuibles a malos gobiernos».
«Oaxaca y (su vecino estado) Chiapas (cuna de la insurgencia zapatista) son estados con la más alta marginación del país, en infraestructura, agua potable, vivienda», remarcó Martínez en declaraciones a Efe.
La franja sur de México es además la de mayor porcentaje de población indígena.
El 22 de mayo de 2006 una huelga de maestros que ocuparon por la fuerza el Zócalo, plaza principal, de Oaxaca capital derivó en un violento desalojo por parte de la policía de ese estado y en una ola de protestas y choques con agentes antidisturbios de medio año que manchó con sangre el final del mandato del presidente Vicente Fox (2000-2006).
En junio pasado, en medio de renovadas protestas, un choque entre policías y manifestantes, en este caso en Asunción Nochixtlán, a 100 kilómetros al noroeste de la capital oaxaqueña, dejó ocho muertos, según cifras oficiales, y más de una decena, según los profesores.
Ya se han colocado campamentos de manifestantes en el Zócalo de Oaxaca que han obligado a cerrar comercios y afectado al turismo.
Hay una alerta de viaje del Gobierno de Estados Unidos a sus compatriotas para que se lo piensen dos veces antes de ir a Oaxaca, al igual que hace una década.
Nuevamente parece que las protestas van a obligar a suspender la mayor fiesta popular local, la Guelaguetza, un desfile de trajes y bailes típicos, como pasó entonces.
El desabasto de alimentos ha obligado al Gobierno de México a enviar aviones con suministros desde el estado vecino de Puebla, porque los bloqueos de carreteras por parte de los maestros mantienen en parte incomunicadas por tierra algunas zonas.
Los medios de comunicación han vuelto a ser protagonistas del conflicto, como en 2006, cuando fue asesinado de un tiro el reportero Bradley Will, del medio alternativo estadounidense Indymedia.
La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) acaba de instar al Gobierno de México a que investigue las recientes muertes de Salvador Olmos García, conductor de una radio comunitaria oaxaqueña, y de Elpidio Ramos, reportero de un diario de Oaxaca, este último fallecido en el enfrentamiento en Asunción Nochixtlán.
La SIP celebrará en octubre su asamblea anual en Ciudad de México, curiosamente como hizo hace diez años, y el tema central volverán a ser los atentados contra los periodistas.
Para Martínez, la problemática viene de aun más lejos, más concretamente del año 1992, cuando el gobernador oaxaqueño de turno, Eladio Ramírez López, «toma una decisión equivocada, populista y demagógica en ceder las plazas de todos los directores, los supervisores regionales y sectoriales al sindicato» de docentes.
Se crea entonces el Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca (IEEPO), que Peña Nieto acaba de reestructurar para debilitar el poder de los profesores.
Martínez denuncia que las autoridades oaxaqueñas se dedicaron durante años a «cooptar» a unas 150 organizaciones, «unas buenas y otras mercenarias», fijándoles «un techo financiero», una partida presupuestaria negociable año tras año que se convirtió en un «chantaje»: dinero o protestas.
Pero también argumenta que la reforma educativa de Peña Nieto está «incompleta» porque se centra en cambios administrativos y laborales, en los que los sindicatos ven un intento de privatizar el sector, y no en cambios reales en la formación de los alumnos mexicanos.
A su vez, Torres observa diferencias en otros terrenos, como en el hecho de que el gobernador en 2006, Ulises Ruiz, fue elegido en medio de denuncias «de fraude» en las urnas, y el actual, Gabino Cué, no.
También en el liderazgo de las protestas. «A diferencia de 2006, cuando se constituyó la APPO (Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca), el día de hoy no se ha constituido una asamblea como tal».
Y «no hay un líder» como sucedió con Flavio Sosa, que encabezó la APPO, remata Torres, para quien el conflicto no ha hecho más que empezar.
«Hay pocas expectativas de que esto se pueda solucionar. No creo que el diálogo se pueda realizar sobre la base de sangre; no podría decir que va a haber una solución pronta», zanjó.
