Deficiencias en el modelo de ejecución del juicio oral y no la falta de pruebas, es lo que mantiene impune la muerte la usuaria de Ecobici, Montserrat Paredes Alva, quien fuera arrollada por un camión de transporte público hace casi un año.
Dulce Agatón, abogada de la familia Paredes Alva explicó a Publimetro que la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México hizo una correcta integración de la carpeta de investigación, pero el modelo del juicio oral no permite considerar los registros de la indagatoria, recopilados previos a éste.
Comentó que la jueza Belem Baños no tomó en cuenta la entrevista del perito de tránsito que ubicó al conductor junto con el camión con el que aventó y arrolló a la joven de 21 años sobre Paseo de la Reforma, colonia Primera Sección del Bosque de Chapultepec, el 17 de noviembre de 2015.
Otra prueba que no fue tomada en cuenta, dijo, es la declaración del chofer en la cual reconoció que condujo la unidad con número económico 139 el día, hora y lugar en que murió Montserrat, pero que nunca se percató de la afluencia de ciclistas.
Además, el checador de la empresa Reforma Bicentenario –propietaria de la unidad– señaló al ministerio público que el conductor Miguel Ángel Márquez Zamora, de 54 años de edad sí usó la unidad de transporte público el día en que murió la chica.
Sin embargo, cuando se trató de notificar al hombre para que atestiguara en el juicio, el personal de la empresa manifestó que tenía 15 días de no presentarse a trabajar, pero a los agentes ministeriales les informaron que eran tres meses y no 15 días los que llevaba sin acudir a sus labores.
El sujeto tampoco pudo ser entrevistado en su domicilio, pero a decir de la defensa, se corroboró su dirección y teléfono.
“Cuando le fueron a notificar le dicen al notificador que llevaba 15 días de no trabajar y al ministerio público le dicen que lleva tres meses sin trabajar y cuando se acude a los domicilios que teníamos de esta persona (el checador) hasta el perro escondieron”, contó la abogada.
Dulce Agatón mencionó que la deficiencia en el juicio oral es que si el imputado se declara inocente no puede ser obligado a responder un interrogatorio.
Puntualizó que el caso de Montserrat Paredes terminó en juicio porque la familia no aceptó el pago por reparación del daño por parte de la empresa Reforma Bicentenario, el cual se calculó en más de 500 mil pesos: 350 mil porque la víctima regresaba de su trabajo, 32 mil pesos para cada miembro de la familia –papás y hermano– y entre 45 mil 65 mil pesos de gastos funerarios.
En tanto, Gabriel Paredes, padre de la joven, dijo a este diario que van agotar todos los recursos legales para que la muerte de su hija no quede impune y su caso sirva como precedente para futura víctimas.
Mencionó que su propósito es que se establezca una regulación al transporte y que el Gobierno de la Ciudad de México establezca las medidas necesarias para garantizar la seguridad de los ciclistas.
Además insistió en que la empresa debe reconocer que su chofer fue el causante de la muerte Montserrat y que hubo negligencia por parte del chofer.
El señor Paredes recalcó que es “inconcebible” que la jueza no haya tomado en cuenta que el conductor reconoció que sí uso el camión y transitó por la zona en que arrolló a la joven.
¿Qué sigue?
La abogada Agatón detalló que habrá tres vías para apelar la absolución emitida por la jueza 43 del Tribunal de Enjuiciamiento del Sistema Procesal Acusatorio.
Explicó que la Procuraduría capitalina va a valorar más la parte de los procedimientos, desahogo y valoración de las pruebas; mientras que el área de Asesoría Jurídica va a ir más enfocada a salvaguardar los derechos de los ofendidos.
El documento que presente la defensa aún se está integrando para que los tres sean presentados la próxima semana.
Si la juzgadora acepta la apelación, el chofer tendría que volver a ser ubicado para los requerimientos judiciales necesarios para la resolución del caso y eventual sentencia.
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