Aquí, en Ciudad del Carmen, en la costa del golfo de México, incluso los invulnerables puestos sindicalizados están desapareciendo. Algunos obreros en las plataformas marítimas de la compañía petrolera nacional, Pemex, no han trabajado en meses, y sus voces están llenas de ansiedad.
“¿Qué piensa que va a suceder?”, preguntan algunos.
Pemex ha estado cojeando durante años, perdiendo miles de millones de dólares anualmente, abrumada por la deuda y pasando apuros para mantener la producción a medida que se secan sus gigantescos campos petroleros en el golfo de México. El año próximo, bombeará menos de dos millones de barriles diarios, la producción más baja desde 1980.
Componer a la compañía petrolera ya estaba al inicio de la lista de prioridades de México, el meollo de un largo debate sobre el destino de una de las instituciones nacionales más importantes, y más en problemas.
Ahora, esa gigantesca tarea se ha vuelto más crítica con la elección de Donald Trump en Estados Unidos. A medida que los mexicanos se preparan para un presidente estadounidense que hizo de cambiar drásticamente la relación de su nación con México una piedra angular de su campaña, funcionarios de este lado de la frontera se han apresurado a asegurar al país que la economía de México es sólida.
Si Trump sigue adelante con sus promesas de renegociar el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), deportar migrantes y gravar las remesas para pagar su muro fronterizo, México enfrentará severas sacudidas económicas, particularmente para la vibrante base manufacturera, cuyos productos reemplazaron al petróleo como la principal exportación del país hace años.
El peso mexicano sigue en niveles bajos récord. El banco central (Banco de México) elevó las tasas de interés, citando una “intensificada incertidumbre”. Y, recientemente, redujo los pronósticos de crecimiento para este año y el siguiente. El gobernador del banco, Agustín Carstens, dijo a una estación de radio local que comprender las políticas del gobierno de Trump era “como tratar de armar un rompecabezas sin tener todas las piezas”.
Muchos son pesimistas de que el gobierno pueda elaborar un plan de respaldo. “México carece de un Plan B creíble para compensar la ola contra el comercio”, advirtieron analistas de Morgan Stanley en una reciente nota dirigida a los inversionistas.
El daño que Trump pudiera infligir a las activas fábricas que envían vehículos y computadoras a Estados Unidos ha conferido una aguda urgencia a los esfuerzos de México por estimular partes de la economía que no dependen del TLCAN, particularmente su ruinosa industria petrolera.
Con ese fin, cuando José Antonio Meade, el secretario de Hacienda, enlista las fortalezas de la economía mexicana, señala la importancia de las nuevas leyes energéticas que rompieron con el monopolio de 75 años de Pemex.
Las leyes, parte de un paquete de reformas económicas que el presidente Enrique Peña Nieto impulsó en el Congreso hace tres años, permiten la inversión privada en el sector petrolero de México por primera vez desde que las compañías extranjeras fueron expulsadas en 1938.
Sólo días antes de la elección presidencial en Estados Unidos, el director ejecutivo de Pemex, José Antonio González Anaya, presentó un cronograma de proyectos que esperaba ofrecer a potenciales socios y prometía empezar a regresar la solvencia a la compañía petrolera nacional.
Él y el secretario de Hacienda se reunieron con inversionistas en Nueva York este mes para argumentar que la economía de México era sólida y que “el sector petrolero continuará siendo un motor del crecimiento económico nacional”, según una declaración conjunta de Pemex y la Secretaría de Hacienda. Los dos continuaron con una visita a Londres.
Peña Nieto ha impulsado otras reformas, incluidos cambios en la educación, las telecomunicaciones, los impuestos, la electricidad y las finanzas, pero aún no han generado un crecimiento económico significativo. La mayoría de los economistas proyecta que la economía crecerá solo por encima del 2% este año.
Las más radicales de todas estas reformas, sin embargo, fueron poner fin al monopolio de Pemex, la compañía más grande del país, y permitirle buscar capital y tecnología de compañías privadas. La medida golpeó al símbolo más perdurable de soberanía nacional de México, rechazando la largo tiempo sostenida convicción de que podía desarrollar su recurso natural más valioso por sí solo.
“La única manera de recuperar la producción en los próximos cinco o seis años es traer más inversión a Pemex”, dijo Juan Carlos Zepeda, el presidente de la Comisión Nacional de Hidrocarburos, el regulador petrolero de México. “No hay otra manera”.
Pero después de que se aprobaron las leyes energéticas, la compañía se estancó, las prometidas empresas conjuntas no se dieron y los precios del petróleo se desplomaron.
Pemex se tambaleó mientras su deuda aumentaba y la producción caía. Los declinantes ingresos petroleros significan que el petróleo financia menos del 20% del presupuesto del gobierno, muy por debajo del 40% cuando los precios estaban en su máximo nivel.
“El gobierno nunca se preparó para los sostenidos precios bajos del petróleo”, dijo John Padilla, director administrativo de IPD Latin America, una firma consultora sobre energía. “Nunca vieron una implosión de Pemex en la forma en que ocurrió”.
El presidente eligió a González Anaya, un economista educado en Harvard conocido por su eficiencia, para hacerse cargo de Pemex en febrero. Él rápidamente anunció la primera propuesta de empresa conjunta: un campo petrolero en aguas profundas justo al sur de las aguas estadounidenses.
Exploración en aguas profundas, riesgoso y costoso: expertos
Expertos creen que los campos petroleros en aguas profundas no aprovechados de México son su próximo gran premio. Pero son riesgosos y costosos, una preocupación en una época en que los bajos precios del petróleo han forzado a las compañías petroleras internacionales a suspender muchas inversiones planeadas.
Sin embargo, compañías importantes como BP, Exxon Mobil, Chevron y Shell han calificado para licitar en una subasta de aguas profundas en diciembre.
En una entrevista en su oficina en lo alto de la torre de Pemex en la Ciudad de México, González Anaya advirtió que no se espere demasiado.
“Algunas personas me han dicho: ‘Mire, Pemex no va a volver a producir tres millones de barriles’. Bueno, no”, dijo. “Eso es una vergüenza, pero no. Lo que puedo decir y demostrar es la solidez de la compañía”.
No todos están seguros de que las empresas saltarán ante la oportunidad de trabajar junto con Pemex.
“Hace dos años, todos querían asociarse con Pemex”, dijo Padilla. “Estaban siendo cortejados como la reina del baile. Dos años después, ¿cómo puede una persona ir ante su consejo y decir: ‘Pemex es una buena inversión’?”
Otra duda es si el gobierno puede acelerar la transformación como una defensa contra las políticas prometidas de Trump. Aun cuando el gobierno atraiga inversión privada, el efecto sobre la producción pudiera tardar años en materializarse.
“No van a dar la vuelta a la economía con base en la reforma energética”, dijo Jeremy M. Martin, un experto en energía del Instituto de las Américas en San Diego.
Durante décadas, Pemex hizo a muchas personas muy ricas. La compañía concedía contratos inflados a empresarios locales que cultivaban conexiones políticas, según entrevistas con contratistas en Ciudad del Carmen. Los alcaldes en estados petroleros demandaban a Pemex efectivo para obras públicas.
“El presupuesto ha sido convertido en saqueo”, dijo Mariano Ruiz Funes, un ex ejecutivo de Pemex.
Pero en Ciudad del Carmen, la riqueza de esa compañía petrolera nacional ha desaparecido hace tiempo. La ciudad ha perdido unos 23 mil empleos desde fines de 2014.
“Lo que estamos viviendo en Carmen, nunca lo hemos vivido en el México contemporáneo”, dijo José Domingo Berzunza, el secretario de Desarrollo Económico de Campeche, el estado circundante.
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