La Red en Defensa de los Derechos Digitales (R3D) evaluó el comportamiento de ocho empresas de telecomunicaciones frente a prácticas de consulta de datos personales por parte del estado, donde siete participantes obtuvieron menos de 35% de cumplimiento y sólo una alcanzó 60%.
Los resultados exhibieron que ninguna de las ocho empresas seleccionadas cumple al 100% los estándares internacionales establecidos para poner lupa al uso de datos de los usuarios.
AT&T obtuvo la máxima calificación con 60% de cumplimiento, pero reprobó en lo que respecta a la notificación para que el usuario sepa que es vigilado, así como el derecho de acceso a información de cada ciudadano.
El resto de las empresas muestran cumplimientos parciales en cada variable. El segundo lugar fue para Movistar con un nivel de cumplimiento de 35%, seguido de Megacable con 20%; Telmex 15% y Telcel 10%, respectivamente.
En el caso de Axtel, su cumplimiento fue de 5%, mientras que Total Play e Izzi compartieron el último lugar con 0%.
¿La evaluación?
La organización determinó seis parámetros para evaluar cómo responden las empresas frente a las prácticas de vigilancia y la interferencia con el derecho a la privacidad, basados en principios internacionales:
Política de privacidad: si la política de obtención, tratamiento y transmisión de datos personales de usuarios es clara, detallada y accesible para el usuario.
Autorización judicial: si las compañías exigen a las autoridades que presenten autorización judicial previa para acceder al contenido y a los metadatos de usuarios.
Notificación al usuario: si las compañías avisan a los usuarios afectados por solicitudes de obtención de datos personales.
Transparencia: si las compañías publican un reporte sobre el volumen, origen, motivos y alcance de solicitudes para conocer datos de usuarios.
Compromiso con derechos humanos: si las empresas han demostrado tener un compromiso público en contra de la vigilancia masiva o sin controles de sus usuarios.
Derecho de Acceso: si las empresas de telefonía móvil garantizan a sus usuarios el derecho de acceso a sus propios datos personales.
AT&T, Megacable y Movistar cuentan con una política sobre el procedimiento para la colaboración con autoridades en materia de seguridad y justicia. Algunas otras como Axtel, sólo informan a las autoridades sobre el medio de contacto para el envío de solicitudes.