Al menos cuatro de cada cinco de las averiguaciones previas por delitos de delincuencia organizada iniciadas por la Procuraduría General de la República (PGR), en 2015, se encuentran en trámite.
Así lo concluyó la Auditoría Superior de la Federación (ASF) en su revisión a la Cuenta Pública 2015.
Esto significa que 80% de las averiguaciones quedaron sin ser resueltas. Y es que la PGR no despachó 7 mil cuatro expedientes, lo que implicó que no se resolviera la totalidad de los casos pendientes producto del bajo índice de consignación, el cual es de 47.1%.
Por lo que la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO), perteneciente a la PGR, incluyó en el Programa Integral de Abatimiento al Rezago 2016, las averiguaciones pendientes, de las cuales espera atender 9.7%, es decir, sólo 681.
“Esto provoca que, en materia de investigación y persecución de delitos relacionados con la delincuencia organizada, la contribución a lograr una procuración de justicia eficaz y eficiente sea limitada”, puntualizó la ASF.
En consecuencia, expuso la Auditoría, las acciones realizadas por la SEIDO son insuficientes para fortalecer el Estado de Derecho y abatir la impunidad.
La ASF urgió a la PGR a reforzar los programas de abatimiento al rezago de las averiguaciones previas.
“(Que) fortalezca las acciones para la integración de indagatorias, a fin de incrementar el porcentaje de averiguaciones previas consignadas y la obtención de autos de formal prisión o sujeción a proceso”, recomendó.
Un vicio de todas las procuradurías
Ina Zoon, representante de proyectos en América Latina de Open Society Justice Initiative, expuso que todas las procuradurías del país registran un rezago “impresionante” en sus averiguaciones previas debido, principalmente, a tres razones: uno, las investigaciones del crimen organizado pueden ser muy complejas; dos, las capacidades de investigación de las procuradurías son muy bajas y tres, en ese tipo de casos es muy difícil encontrar testigos.
“Si uno empieza a mirar no sólo números y comienza a ver el tipo de casos con el crimen organizado, la mayoría son casos en flagrancia y son casos en posesión con intención de venta”, comentó.
La consecuencia, argumentó Zoon, es que las víctimas están frustradas ya que no tienen acceso a la justicia y genera, también, la suspicacia de que los casos no avanzan por razones de corrupción, negligencia, incompetencia o falta de interés en cumplirse; lo que a la postre daña la credibilidad de la institución.
“Aún así hay una ambigüedad cuando la PGR dice que ha resuelto un caso, porque no sabemos si ha judicializado este caso o si lo ha enviado a proceso. Y si lo ha enviado a proceso si no se le ha caído y el juez liberó a la persona o si no se le cayó el caso en apelación o si resolvió el caso enviándole al archivo. Entonces el 20% puede ser engañoso”, argumentó.
Índice de consignación
Respecto al bajo índice de consignación, la representante de Open Society Justice Initiative explicó que esto significa que al no haber detenidos no se tienen confesiones, lo que deriva en que los casos no pueden avanzar.
“Lo que ellos dicen es que cuando inicia una averiguación previa tienen conocimiento del hecho a través de queja o de otro método, pero después si no tienen suficiente evidencia para una orden de arresto o la gente ya huyó y ellos ya no lo pueden encontrar. Entonces al no haber detenido no se tiene confesión y ya no pueden avanzar con el caso”, puntualizó.
A decir de Zoon cada año las averiguaciones previas rezagadas se multiplican, ya que especialmente los delitos de crimen organizado tienen una prescripción larga.
DATO
8.7% de autos de formal prisión se obtuvieron en 2015
