El Congreso local de Tamaulipas aprobó por unanimidad reformas al Código Penal del estado, donde incluyeron prohibiciones a la realización de “memes”.
El 23 de marzo del presente año dentro del oficio SGG/240/17 recibido a las 16:24 horas en la Oficialía de Partes del Congreso estatal, se entregó un documento de 38 páginas dirigido a la presidenta de la Mesa Directiva del Congreso del estado,Beda Leticia Gerardo Hernández, en el cual se exponían reformas a los artículos 207 y 189, los cuales establecen, entre otras cosas, prohibir que las imágenes de redes sociales sean utilizadas para dañar o desprestigiar a funcionarios de la administración panista o en contra de sus instituciones.
Gerardo Hernández no supo explicar cual era la intención de esas reformas que se aplicaron, sin embargo, fueron aprobadas por el Congreso del cual ella es presidenta.
“Articulo 207 Quáter.- Al que sin autorización utilice o copie o modifique información contenida en sistemas o equipos de informática o redes sociales protegida por algún mecanismo de seguridad que modifique, dañe o desprestigie a alguna persona o institución privada, se le impondrá una sanción de dos a cinco años de prisión y una multa de cien a trescientas veces el valor diario de la Unidad Media de Actualización”, dice la reforma aplicada, pero añade que se aumentará una tercera parte de dicha pena cuando el delito sea cometido en contra de alguna institución o servidor público.
Las reacciones de abogados especialistas no se hicieron esperar, pues aseguraron que preparan una serie de amparos en contra de estas reformas penales que están encaminadas a violar la libertad de expresión y de pensamiento.
“Me parece increíble que a estas alturas del partido los políticos de Tamaulipas estén más preocupados por su imagen que por sacar al estado de la inseguridad”, dijo el experto en derecho penal, Giovanni Moreno.
El articulo 189 reformado también fue criticado por los juristas.
«(El artículo 189) se entiende por ultraje toda expresión directa o indirecta o toda acción ejecutada contra algún servidor público estatal o municipal o contra instituciones públicas que puedan implicar ofensa o desprecio” dice la nueva ley que aún no se publica en el Periódico Oficial.
Esta reforma contempla penas de seis a dos años de prisión.
“Este gobierno se ha pasado el articulo 6to constitucional por el arco del triunfo”, dijo Atotonilco González, un vendedor de frituras que despacha a las afueras del Congreso estatal.
Periodistas consultados en Ciudad Victoria y Reynosa, señalaron que dentro de las reformas aplicadas recientemente también se incluyeron unos apartados en donde se prohíbe a los medios informativos reportar los acontecimientos violentos en tiempo real.
El Articulo 171 Quáter inciso IX, reza lo siguiente:
«A quien por vía telefónica o cualquier medio de comunicación mediante los cuales se pueda realizar la emisión, transmisión o recepción de signos, señales, escritos, imágenes, voz, sonidos o información de cualquier naturaleza, que se efectué por hilos, radioelectricos, medios ópticos, físicos, vía satelital u otros sistemas electromagnéticos o por cualquier medio avise o indague sobre actividades, operativos, ubicación o, en general respecto de las labores que realice los elementos de las fuerzas armadas, o instituciones de seguridad publica.
«Quedan exentas las personas que en ejercicio del periodismo o que desempeñen su trabajo en medios de comunicación difundan dicha información después que se lleven a cabo las acciones descritas», establece el documento reformado.
Algunos miembros del parlamento tamaulipeco confesaron que no leyeron a detalle la información de estas reformas y que ya estudian la manera en darle reversa a la misma.
El Gobierno Estatal anunció en un boletín que no trató de agredir la libertad de expresión como se lo han manifestado durante este viernes.
“La reforma al Código Penal de Tamaulipas de ninguna manera tiene como fin coartar la libertad de expresión y el ejercicio periodístico, ni tampoco la acción de particulares que den a conocer hechos en el momento que ocurren” dice el informe.
“El objetivo de las modificaciones es eliminar y erradicar prácticas criminales que ponen en riesgo la efectividad de operativos de Fuerzas Armadas y policiacas en el combate a la delincuencia, o aquellas que pudieran permitir el uso indebido o manipulado de información privada o pública que puedan generar un daño a las personas o el patrimonio”, señala el documento.
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