Sólo uno de lo 44 comunicadores asesinados en el país desde el 2012 contaba con el mecanismo de protección de la Secretaría de Gobernación (Segob), informó en entrevista para Publimetro la jefa de la Unidad para la Defensa de los Derechos Humanos de la dependencia, Patricia Colchero.
Cándido Ríos, reportero del Diario de Acayucan, fue asesinado el martes 22 de agosto en Veracruz a pesar de ser uno de los 600 beneficiados del programa de protección; este periodista pidió el apoyo desde el 2013 por amenazas que recibió por parte de autoridades municipales.
“Ningún otro periodista protegido por el mecanismo ha perdido la vida. Se han protegido a 774 personas desde que se inició el mecanismo (octubre de 2012) y hasta el momento 599 siguen protegidas, entre defensores de derechos humanos y periodistas”, aseguró la funcionaria.
De acuerdo con datos de la Segob, el mecanismo cuenta con un fideicomiso de alrededor de 15 millones de pesos mensuales para labores de protección, el cual está sujeto a ajustes conforme a los gastos reportados por la dependencia, por lo que puede aumentar o disminuir según lo requerido.
El 50% de agresiones es por parte de funcionarios
Patricia Colchero y la organización Artículo 19 coinciden en que cerca de la mitad de las agresiones a periodistas es por parte de funcionarios de distintos niveles de gobierno; la Segob contabiliza en 45% los ataques que son cometidos por servidores públicos (principalmente municipales), mientras que la asociación precisa que es el 50.7%.
“(En 2016) el 50.7% fueron agresiones de funcionarios a periodistas. Los agresores son autoridades municipales y estatales que son las mismas que implementan las medidas, pero son los mismos que te están agrediendo. (Las autoridades) no toman en cuenta el contexto, se centran únicamente en agresiones físicas y no toman en cuenta todo lo que ocurre a su alrededor”, dijo la abogada de Artículo 19, Itzia Miravete.
Patricia Colchero señaló que de las 32 entidad del país, sólo la Ciudad de México y Veracruz (éste último el más peligroso para el ejercicio periodístico) cuentan con medidas estatales de protección constituidas, por lo que sólo estos dos estados operan directamente con el mecanismo de la Segob. En Quintana Roo, Puebla, Sinaloa, Guanajuato, Estado de México, Guerrero y Baja California están en vías de consolidación.
“La Ciudad de México y Veracruz operan con la Secretaría de Gobernación, los demás están en vías de creación. Yo creo no están constituidas”, puntualizó.
De acuerdo con datos obtenidos por Publimetro a través de una solicitud de transparencia, el mecanismo de protección de la Segob aceptó 260 de 268 solicitudes por parte de periodistas para que se les incorporara a éste desde octubre de 2012; de estos, sólo 48 fueron catalogados como de “riesgo inminente” o “alto”, por lo que se les brindaron medidas “extraordinarias” de seguridad.
Impune, 90% de los asesinatos a periodistas
El 90% de las agresiones a comunicadores cometidas entre el 2000 y 2016 están en total impunidad, ya que en sólo el 10% de los casos hubo alguna sentencia, informó en entrevista para Publimetro el director General del Programa de Agravios a Periodistas y Defensores Civiles de Derechos Humanos de la CNDH, Rodrigo Santiago Juárez.
Aseguró que aunque el mecanismo es una medida excepcional, la libertad de expresión está viviendo momentos muy complicados en el país desde el 2000, debido al alto nivel de homicidios contra periodistas y a la falta de acción por parte de las autoridades.
“Es una medida excepcional, es una medida que se implementó a partir del 2012, pero por si sola no puede. Si las instituciones que se dedican a la implementación de justicia y con base en la impunidad, que en este momento está en un 90% en agresiones a periodistas, difícilmente las instituciones van a combatir este fenómeno”, subrayó.
Asimismo, Patricia Cochero aceptó los malos resultados por parte de la PGR y de las fiscalías estatales, luego de que la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Cometidos contra la Libertad de Expresión (Feadle) diera a conocer que a lo largo de su historia sólo ha logrado tres sentencias condenatorias en 743 averiguaciones previas. “Mientras no logremos capturar a los responsables de estos asesinatos difícilmente podrán servir las medidas de protección”, aseguró.
Por su parte, Itzia Miravete señaló que el funcionamiento actual del mecanismo está bien porque cuenta con un consejo ciudadano que es pieza clave para mejorar los planes de protección, en donde participan PGR, Segob, Secretaria de Relaciones Exteriores (SRE) y la Comisión Nacional de Seguridad (CNS), además de representantes de la sociedad civil, como la CNDH; sin embargo, los protocolos no se centran en prevenir y tampoco toman en cuenta aspectos psicosociales.
“Lo que le está faltando al mecanismo es que no existen otras políticas para el combate a la impunidad. No se centra en prevenir agresiones físicas, no toma en cuenta los mecanismos psicosociales (…) El sólo centrarse en agresiones físicas no sirve por si sola, no las está previniendo, protege una vez que ya has estado agredido”, indicó la representante legal de Artículo 19.
Oaxaca y Veracruz son los estados con el mayor número de asesinatos en este sexenio, mientras tanto las entidades que más solicitaron las medidas es Ciudad de México, Veracruz, Guerrero, Tamaulipas y Coahuila.
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