La Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros (AMIS) propuso al gobierno federal la implementación de un seguro de daños obligatorio; para las casas en condominio.
El objetivo es que, los propietarios y familias que viven en este tipo de inmuebles cuenten con la seguridad y protección económica para enfrentar desastres; como sismos, inundaciones y accidentes.
El director general de la AMIS, Recadero Arias, informó que dicha propuesta se presentó durante la reunión que sostuvo –este martes– el presidente Enrique Peña Nieto con el sector empresarial; para evaluar las acciones de reconstrucción de los sismos.
Indicó que durable el evento, los directivos de la AMIS hablaron –frente al presidente, funcionarios y empresarios– de la necesidad de elevar el nivel o penetración de los seguros.
Y, apuntó, a partir e ello “hablamos de las propuestas generales en que trabaja el sector asegurador”; entre las cuales la AMIS destacó el tema de que los propietarios de casas en condominio contraten un seguro obligatorio de daños.
Ello, subrayó, como una medida para enfrentar las afectaciones por desastres, como los sismos; y se atienda la reconstrucción del patrimonio de los afectados. “Lo cual es una de las grandes enseñanzas” que dejaron los terremotos de septiembre.
Proyecto del seguro obligatorio, para marzo
En una entrevista con Publimetro, Recaredo Arias informó que, hasta este momento, sólo se habló ante el gobierno federal de la conveniencia de dicho seguro obligatorio.
Reveló que en febrero o marzo, la asociación presentaría el proyecto formal ante la Secretaría de Hacienda; con estudios y cifras concretas de sus alcances.
Explicó que tal proyecto –presentado por el presidente de la AMIS, Manuel Escobedo Conover, en la reunión de Los Pinos– tomó por sorpresa a los funcionarios federales.
Pero, apuntó, será hasta el primer trimestre de 2018 cuando el seguro obligatorio para casas en condominio sea presentado de manera formal ante Hacienda.
Ello, con el objetivo de que el gobierno haga sus anotaciones a la propuesta; y ésta sea canalizada al Congreso y a las autoridades legislativas de los gobiernos locales; para su discusión y posible aprobación.
