El Gobierno de Estados Unidos interpuso hoy una demanda contra el estado de California por varias leyes migratorias que desafían las políticas de Donald Trump y, bajo su punto de vista, violan la Constitución, informaron medios locales.
En la demanda, el fiscal general estadounidense, Jeff Sessions, pidió a un juez federal que bloquee tres leyes aprobadas en California en los últimos meses que restringen la colaboración de las policías locales con las autoridades migratorias.
El Gobierno de Trump considera que estas tres leyes «santuario» impiden que los agentes migratorios hagan su trabajo y, por lo tanto, la deportación de inmigrantes indocumentados con antecedentes penales.
Estas leyes, según la demanda, «reflejan un esfuerzo deliberado de California para obstruir la aplicación de la ley federal de inmigración en Estados Unidos».
La demanda supone la mayor ofensiva hasta la fecha del Gobierno de Trump al estado de California, que por su tamaño y por su claro dominio demócrata se ha erigido en uno de los principales contrapesos a las políticas del presidente, especialmente en inmigración.
La demanda va dirigida al gobernador de California
Está previsto que Sessions anuncie este miércoles la presentación de la demanda durante un acto con agentes de la ley en California.
«El Departamento de Justicia y el Gobierno de Trump combatirán estas políticas injustas, desleales e inconstitucionales que os han impuesto», dirá Sessions, según unos avances de su discurso al que han accedido medios locales.
«Estamos luchando para hacer sus trabajos más seguros y para reducir el crimen en Estados Unidos. Y creo que vamos a ganar», añadirá.
La demanda va especialmente dirigida al gobernador californiano demócrata, Jerry Brown, y al fiscal estatal, Xavier Becerra.
Brown ya la calificó de «maniobra política» del Gobierno de Trump y dijo que Sessions llega a California a «dividir y polarizar más Estados Unidos».
Becerra, por su parte, defendió la constitucionalidad de las leyes californianas y dijo que las entidades locales y estatales «tienen el derecho de determinar qué políticas son mejores» para ellas.
Sessions, bajo las órdenes de Trump, inició a su llegada al Departamento de Justicia una cruzada contra las políticas «santuario», esas que desde las entidades locales protegen a los indocumentados de la deportación.
Las mayores ciudades del país, Los Ángeles, Chicago y Nueva York, entre muchas otras gobernadas por la oposición demócrata, han adoptado estas políticas que principalmente limitan el flujo de información entre sus policías y los agentes de inmigración.
