El jefe de Gobierno, José Ramón Amieva, instruyó a la Contraloría de la Ciudad de México para auditar los recursos de la reconstrucción.
La Contraloría capitalina explicó que iniciarán una auditoría a la Secretaría de Finanzas para vigilar la correcta distribución y aplicación de estos recursos.
“Para garantizar transparencia y rendición de cuentas, desde abril la Contraloría supervisa origen y destino de recursos para la reconstrucción bajo un plan estratégico de fiscalización, que audita a la administración pública de la ciudad”, subrayó la dependencia capitalina.
Actualmente el Fondo para la Reconstrucción de la Ciudad de México tiene más de cinco mil millones de pesos.
También puedes leer: Polémica detiene Memorial del 19-S en la CDMX
Desde un principio la transparencia de este fondo fue muy cuestionada pues desde la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF) tres diputados (Leonel Luna, Mauricio Toledo y Jorge Romero) buscaron disponer de estos recursos a su antojo.
Otros legisladores y miembros de la sociedad civil descubrieron esta situación y comenzaron una serie de protestas. Al final, se cambió la Ley de Reconstrucción para que estos recursos no fueran utilizados a discreción.
Enganches
La semana pasada el jefe de Gobierno, José Ramón Amieva, informó que se brindará una especie de enganches a los afectados por los sismos.
Se otorgarán créditos para que contraten a la constructora de su elección para comenzar a levantar su patrimonio.
En tanto, el presidente de la Comisión de Gobierno en la ALDF, Leonel Luna, presentará el martes a la Comisión de Reconstrucción, Recuperación y Transformación de la Ciudad de México diversos casos de inmuebles afectados por el pasado sismo del 19 de septiembre, con el fin de que sean considerados para su rehabilitación o edificación con recursos del Fondo de la Reconstrucción.
Explicó que se generó desde la ALDF, dentro del marco de sus facultades, una alternativa de atención hacia los damnificados del Multifamiliar Tlalpan, de la Unidad Habitacional Los Girasoles, entre otros.
“Se trata de inmuebles cuyos damnificados corresponden a personas en estado de vulnerabilidad como adultos mayores, pensionados, jubilados, con alguna discapacidad o en una situación económica que les impide accesar a otro mecanismo financiero”, explicó.
Reconoció el trabajo de Damnificados Unidos y la voluntad política del Gobierno de la Ciudad de México para resolver la problemática que sufren los habitantes de estos conjuntos habitacionales.
