Cinco de las seis causas penales en contra de Nestora Salgado fueron reabiertos por una apelación de la Fiscalía General del Estado.
De acuerdo con información de El Universal, la FGE apeló del auto de libertar las causas penales 59-I /2015 por secuestro, la 196/2013-I-A por secuestro agravado y privación ilegal de la libertad; la 67/2014 por homicidio calificado y tentativa de homicidio; la 048/2014-II por secuestro agravado y privación ilegal de libertad; la 05/2014-I por secuestro agravado y la 050/2014-II por robo especifico y privación ilegal de la libertad.
Además, solamente cinco casos han sido admitidos por el Tribunal Superior de Justicia de Guerrero, esto, tras la polémica que se generó durante el segundo debate presidencial, cuando el candidato de la coalición Todos Por México, José Antonio Meade, acisó de ser secuestradora a la actual candidata al Senado por la coalición Juntos Haremos Historia.
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Nestora Salgado debe responder: Iñaky Blanco
Por otro lado, el ex fiscal de Guerrero, Iñaky Blanco, aseveró que, aunque Nestora Salgado no tiene una orden de aprehensión, sí tiene que responder por las imputaciones que se hicieron en su contra.
Indicó que si bien hubo sentencias absolutorias en el caso de la ex policía comunitaria, la Fiscalía del Estado de Guerrero hizo las apelaciones correspondientes, por lo que los procesos están abiertos y se debe profundizar en este tema.
Ademas, señaló que ante los cuestionamientos sobre si hay o no averiguaciones previas, causa penales en curso, afirmó que sí hay tres apelaciones en la Primera Sala Penal de Chilpancingo, del Tribunal Superior de Justicia, por los delitos de homicidio calificado, homicidio en tentativa y secuestro agravado.
En entrevista con Raymundo Riva Palacio, para Foro TV, consideró que derivado del pronunciamiento de la CNDH, también deben iniciarse nuevas indagatorias por parte de la Fiscalía de Guerrero por los abusos a los que fueron sometidos algunos menores de edad.
Al respecto mencionó que hay conductas que por su especial gravedad, acreditadas por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) como maltrato, abuso sexual y secuestro, no pueden justificarse, en ningún momento, bajo la aparente aplicación de la ley de usos y costumbres.
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Por ello, insistió en que tiene haber continuidad a las apelaciones y justicia para las víctimas, “es un asunto que debe analizarse única y exclusivamente a la luz del derecho, de lo que establece la Constitución, de los instrumentos jurídicos internacionales en la materia”.
Policía de Nestora Salgado cometió detenciones arbitrarias e ilegales; Blanco
En ese sentido, señaló que hay aspectos en el caso que no han sido analizados a fondo por las autoridades jurisdiccionales, como que en todos los casos que conoció la Fiscalía no hubo denuncias o querellas que precedieran a las detenciones hechas por la policía de Nestora, por lo que “se trató de conductas simuladoras… de detenciones arbitrarias e ilegales”.
Además de la petición de dinero que se hacía a cambio de la liberación de las víctimas, ya que con base en las constituciones federal y estatal, la llamada Ley 701 y en diversos ordenamientos jurídicos internacionales en la materia, no hay sustento para ello, por lo que se actualizan los supuestos de secuestro.
Tras mencionar que no se ha podido notificar a Nestora de las apelaciones existentes, afirmó que ahora que está en México y que anda en campaña para ser senadora de la República por Morena, es el momento preciso para que se le notifique y se le dé continuidad a estos procesos.
Nuevo sistema penal «deroga» sistema de justicia indígena
En entrevista posterior con Sergio Sarmiento, para la Red de Radio Red, explicó que en su momento a Nestora Salgado se le puso en libertad debido a que se argumentó que el Ministerio Público había invadido el sistema de justicia indígena, que todas esas personas habían actuado a la luz de lo que dispone la Ley 701.
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Sin embargo aseveró que dicha ley está prácticamente abrogada ya que desde que entró en vigor el Código Nacional de Procedimiento Penales, se señala que en procedimientos especiales, los asuntos indígenas son tema exclusivo del Congreso de la Unión, y las leyes que existen en los estados han sido abrogadas.
Sobre el tema de la asistencia consular, explicó que el Ministerio Público consignó sin detenido y una vez que obtuvo la orden de aprehensión solicitó a diversas autoridades su colaboración, entre otras al Ejército, que fue el que la detuvo y la puso a disposición.
El Ministerio Público a su vez y de manera inmediata la remitió al juez que la reclamaba, con quien ella declaró que “es de nacionalidad mexicana, originaria de Olinalá y que no pertenece a ningún grupo o etnia indígena”, aunque meses después hizo valer su doble nacionalidad, en su opinión, a manera de estrategia.
Con información de Notimex
