La activista Diana Sánchez Barrios aseguró que comercio informal se debe regular, pero también se debe evitar su criminalización, ya que representa un ingreso económico para millones de familias.
Durante la 48 Asamblea General de la OEA, que se celebró en Washington, Barrios detalló que la reducción de la economía informal y la regulación del comercio popular en el espacio público son temas clave en la lucha contra la desigualdad y exclusión social.
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«Alrededor de 130 millones de latinoamericanos tienen empleos informales, lo cual limita la productividad y el desarrollo económico de la región, excluyendo a los trabajadores de las protecciones sociales y laborales», sostuvo.
También la vocera de la Coalición Por una Cultura Pública Innovadora con Justicia Social precisó durante su participación que la economía informal y el comercio popular en el espacio público son una alternativa de subsistencia para millones de familias en América Latina por lo que es importante plantear que “Orden sí, criminalización no».
En su informe anual “Perspectivas sociales y del empleo en el mundo: Tendencias 2018” se destaca a México como uno de los pocos países en América Latina, donde los empleos formales generados irán a la baja.
Sus cifras indican que para este año, el país contará con 15.5 millones de mexicanos con empleo vulnerable de los 15.3 millones que se registraron en 2017, incluso, se pronostica un aumento de 200 mil personas a este rubro, según la Organización Internacional del Trabajo
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Por ello, agregó, se deberá poner lupa a los salarios mínimos, la calidad del empleo, así como regularizar el comercio en el espacio público, toda vez que, no se cuentan con las herramientas legales, la voluntad política ni la fortaleza institucional para formalizar las actividades de los patrones.
«Habrá que revisar el marco jurídico y la política laboral de los Estados miembros. Para después recomendarles mejoras por medio de la actualización de sus normas y políticas, de frente al desempleo y al trabajo precario. Esto, con la finalidad de asegurar el sustento licito, fortalecer la economía familiar, mejorar las condiciones laborales, abolir la persecución y criminalización de los comerciantes en la vía pública; y con una perspectiva de derechos humanos, mejorar la calidad de vida en el continente», externó.
