El congreso de Sonora aprobó varias reformas a la constitución el del estado, entre ellas la del veto, lo cual otorgará a la gobernadora, Claudia Pavlovich, oponerse a a leyes y decretos que el legislativo local envíe para su promulgación.
Durante una sesión puerta cerrada, 27 diputados votaron a favor, tres en contra y otros tres no asistieron, por lo que la iniciativa fue aprobada.
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Incluso, para que próxima legislatura no pueda modificar esta reforma, se aprobó que para hacer alguna alteración dos terceras partes de los cabildos de la entidad tendrán que aprobarlo, cuando antes sólo se requería la mitad más uno.
Aunque la iniciativa no fue la original, en las modificaciones destaca que la gobernadora tendrá la facultad de reasignar los recursos del presupuesto de Ingresos y Egresos.
Diputados de Morena aseguraron que esto es un golpe legislativo, ya que para la aprobación no se consultó a nadie, como aseguró el congreso días antes.
Asimismo, llamó a sus simpatizantes para manifestarse en los 72 cabildos de la entidad para que no aprueben la reforma constitucional, ya que perdería la división de poderes en Sonora.
En cuanto se publique la #LeyVeto de @claudiapavlovic presentaré un amparo para defender el equilibrio y la división de poderes en Sonora.
Vamos a defender la democracia ante el manotazo dictatorial de la gobernadora.
— Lilly Téllez (@LillyTellez) August 9, 2018
El diputado Rafael Buelna, presidente del poder legislativo, aseguró que no se trató de poner a un poder encima de otro, sino sólo de una actualización de la Constitución local para adaptarse a las necesidades de cada época.
“Asumimos el costo de aprobar estas reformas, pues con ello vamos evitar que ante una posible falta de acuerdos, por ejemplo, para la aprobación del presupuesto, se ponga en riesgo o se afecte el gasto social en materia de educación, salud, transporte o protección a la niñez, las reformas promueven que se lleguen a acuerdos y que no haya parálisis como hubo en el pasado”.
Además se aprobaron la Ley de Planeación, la eliminó el fuero y de los gastos discrecionales; también dos decretos, uno autoriza al municipio de Puerto Peñasco la contratación de un crédito por 15 millones de pesos para diversas obras; el otro, reformó diversas disposiciones del Código Penal para tipificar como delito la práctica del sexting que involucre a menores de edad, con una pena de uno a cinco años de prisión y una multa de 150 a 300 unidades de medida.
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